El proyecto de ley que busca compensar económicamente a quienes denuncien actos de corrupción dentro del gobierno no logró pasar este martes el primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con los comisionados, el proyecto fue remitido a asesoría legal del Órgano Legislativo debido que presenta "deficiencias en la nomenclatura".
La propuesta, presentada en 2015 por el diputado panameñista José Antonio Domíngez, establece que los ciudadanos que denuncien delitos contra la administración pública por actos de corrupción tendrían el derecho de reclamar el pago del 30% del total del dinero recuperado por el Estado.
La denuncia deberá cumplir una serie de requisitos, entre estos están el de aportar datos certeros que lleven a la convicción de los hechos, identificación de los autores, dejar por escrito el compromiso de ratificar o testimoniar cuando la autoridad lo solicite, y aportar una fianza de indemnización por el monto a la fiscalía anticorrupción.
Se contemplan casos de sobrecostos, pagos a particulares sin completar su servicio, bienes inmuebles del Estado desaparecidos, entre otros aspectos, que son considerados.
No podrán aplicar por las recompensas el personal del Ministerio Público y los ciudadanos que tengan parentesco con funcionarios de esta institución hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
