El proyecto de ley 215, que regula la recompensa a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción contra el Estado, fue devuelto a primer debate por el pleno de la Asamblea Nacional la tarde de este miércoles 25 de abril.
La iniciativa, presentada por el diputado panameñista José Antonio Domínguez, se encontraba en el orden del día para su discusión en segundo debate.
Sin embargo, se presentó una propuesta para que bajara a primer debate "para realizar cambios de fondo y forma al mismo".
Domínguez se quejó por la decisión. "¡Lo que se veía venir se dio! El PRD con la complicidad de la presidenta de la asamblea baja a primer debate el proyecto de ley 215. El Ministerio Público ya había presentado sus propuestas de modificación y podía ser debatido en segundo debate contando con los aportes técnicos de esa entidad", dijo vía Twitter.
A las 2:48 pm ya rezaba en secretaría del pleno todas las propuestas y en el día de ayer los representantes del MP se había pronunciado a favor del proyecto de ley! Qué tanto miedo le tiene el PRD a que esta herramienta llegue al órgano judicial? Y el CD?
A las 2:48 pm ya rezaba en secretaría del pleno todas las propuestas y en el día de ayer los representantes del MP se había pronunciado a favor del proyecto de ley! Que tanto miedo le tiene el PRD a que esta herramienta llegue al órgano judicial? Y el CD?
— Ing.JoseAntonioDominguez (@IngJADominguezA) April 25, 2018
La propuesta de bajar el proyecto 215 a 1er debate fue presentada y aprobada después de las 3 p.m. y era del conocimiento de la presidenta Yanibel Ábrego que ya todas las propuestas de modificación estaban en secretaría y que no existía una razón lógica para devolver el proyecto a 1er debate
La propuesta d bajar el proyecto 215 a 1er debate fue presentada y aprobada después d las 3 pm y era dl conocimiento d la presidenta Yanibel Abrego q ya todas las propuestas d modificación estaban n secretaría y q no existía una razón lógica para devolver el proyecto a 1er debate
— Ing.JoseAntonioDominguez (@IngJADominguezA) April 25, 2018
La propuesta establece que los ciudadanos que denuncien delitos contra la administración pública por actos de corrupción tendrían el derecho de reclamar el pago del 30% del total del dinero recuperado por el Estado.
La denuncia deberá cumplir una serie de requisitos. Entre estos están el de aportar datos certeros que lleven a la convicción de los hechos, identificación de los autores, dejar por escrito el compromiso de ratificar o testimoniar cuando la autoridad lo solicite, y aportar una fianza de indemnización por el monto a la fiscalía anticorrupción
Se contemplan casos de sobrecostos, pagos a particulares sin completar su servicio, bienes inmuebles del Estado desaparecidos, entre otros aspectos que son considerados.
No podrán aplicar por las recompensas el personal del Ministerio Público y los ciudadanos que tengan parentesco con funcionarios de esta institución hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
