Las personas que denuncien la presunta comisión de delitos contra la administración pública o delitos patrimoniales que afecten al Estado tendrán derecho a que se le reconozca en efectivo de 10% a 30% del total recuperado por el Estado, así lo establece el proyecto de ley 215, que fue aprobado este martes 23 de abril en tercer debate, a golpe de curul, por el pleno de la Asamblea Nacional.
Este proyecto de ley anticorrupción, que estaba estancando en la Asamblea, establece medidas de protección y retribución económica a los ciudadanos que denuncien la presunta comisión de delitos patrimoniales que afecten al Estado. Señala además que solo se les entregará la recompensa “cuando los activos recuperados hayan entrado a formar parte efectiva y definitivamente del patrimonio público”.
Asimismo, la iniciativa propuesta por el diputado panameñista José Antonio Domínguez, agrega que el porcentaje que se reconocerá “dependerá de la utilidad y eficacia” de la información brindada, que será determinada por la autoridad judicial.
Y se deja claro, que no podrán acceder a la recompensa personas que siendo partícipe o autora del delito hagan la denuncia y entreguen información "idónea, eficaz y oportuna”.
En el documento de 12 artículos también se plantea que para tener derecho a la recompensa, deberán cumplir tres requisitos: no tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los profesionales del Ministerio Público, aportar datos certeros y útiles que lleven a la convicción que los hechos constituyen actos ilícitos y que permitan la identificación o individualización de los autores y colaborar con la autoridad competente en las etapas del proceso.
Igualmente se establece que las autoridades deberán proteger al denunciante entre las medidas adicionales de protección que las autoridades deberán otorgar a las personas que denuncien esta clase de delitos está la reubicación nacional o internacional, ya sea temporal o permanente, el cambio de lugar de trabajo , sin desmejorar sus condiciones laborales y cualquier otra que determinen las leyes.
No obstante, la última palabra sobre esta iniciativa estará en manos del presidente de la República, Juan Carlos Varela quien deberá objetarla o sancionarla.