El caso de la pérdida de las preferencias arancelarias con la Unión Europea por un descuido del Gobierno, aún no deja de dar sorpresas.
En el sitio de internet Panamá Compra se revela ahora que la ministra de Comercio, Gisela Porras, contrató a la firma consultora estadounidense Arnold & Porter –por 41 mil 697 dólares– para que le ayudara a establecer una estrategia con el fin de recuperar el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), sin descartar establecer acciones legales en contra de la Comisión Europea. “Analizar los aspectos relacionados con la solicitud del SGP y aspectos relacionados con un eventual litigio”, establece el contrato en la cláusula de los alcances del servicio.
El contrato estuvo vigente entre el 16 de diciembre de 2008 y el 31 de marzo de 2009, fecha en que la Comisión Europea le había reiterado al Gobierno panameño que en este caso no cabía la reconsideración, y que de haber una excepción con Panamá, el SGP corría el riesgo de ser demandado ante la Organización Mundial del Comercio.
El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) nunca presentó los resultados de esta consultoría. La Arnold & Porter, con sede en Washington D.C., también tiene otro contrato con el Gobierno para atender asuntos relacionados con el tratado de promoción comercial, pendiente de ratificación.
Para el tema del SGP, la Cancillería contrató también los servicios de la abogada Yavel Francis, hoy embajadora de Panamá ante la Organización de Naciones Unidas. En ese momento, Francis explicó a la Comisión Europea que Panamá no pudo solicitar la renovación de las preferencias arancelarias, antes de la fecha límite, porque el Gobierno estaba atendiendo las inundaciones de Chiriquí y Bocas del Toro. Pero el argumento no sirvió porque la fecha límite fue el 31 de octubre del año pasado, y las inundaciones fueron el 22 de noviembre.
Actualmente se desconoce cuánto costaron las contrataciones que hizo el Gobierno para atender le negligencia que llevó a las pérdidas del SGP, pero los exportadores no han recibido a la fecha un solo centavo del euro certificado, un subsidio fiscal que inventó el Gobierno para compensarlos por el error. La Asociación de Exportadores de Panamá dijo, la semana pasada, que hasta la fecha se han presentado 100 solicitudes, y ninguna ha sido tramitada.
