La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reiteró este domingo 30 de diciembre, "la necesidad de hacer cambios profundos en la Carta Política, especialmente en el campo de la administración de justicia".
El gremio instó a la Asamblea Nacional a acoger la iniciativa del sector empresarial en dicho sentido durante su último período legislativo, para que algo similar lleve a cabo la Asamblea Nacional por elegir, en el primero de sus períodos ordinarios. "Este procedimiento, contemplado en la Constitución de la República, será un paso trascendental para Panamá", destacó.
De acuerdo a la Cámara de Comercio, los últimos meses han transcurrido bajo "el signo de una incertidumbre" determinada por factores políticos que han dejado al descubierto las tensiones existentes entre los Órganos del Estado, "señal de la necesidad de una verdadera separación e independencia de estos poderes, sin que ello sea impedimento de que logren trabajar en armónica colaboración".
"El mejor ejemplo de que tal esquema no existe es que hasta ahora no se han podido ratificar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elemento concurrente en la crisis que afecta la administración de justicia en el país", acotó.
La organización empresarial indicó que el comportamiento de la economía evidencia la desaceleración que provoca el inminente cambio gubernamental, y "cuya agudización es necesario contrarrestar con una visión basada en las posibilidades concretas del país".
"Dicha actitud optimista es la que lleva a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá a confiar en que el gobierno, la fuerza laboral y la empresa privada, pueden garantizarle a Panamá un clima que permita recuperar una institucionalidad plena que, a su vez, propicie la consolidación de la democracia participativa y afirme la continuidad de su crecimiento económico, en la perspectiva de hacerlo cada vez más equitativo y justo", dice un comunicado del gremio.
El pasado jueves 27 de diciembre, el pleno de la Asamblea Nacional cerró las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo sin que se ratificara el nombramiento de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
