El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate, de forma unánime, el proyecto 488 que avala el contrato ley 36-2017, suscrito entre el Estado y la empresa Banapiña de Panamá, S.A. (Del Monte Fresh Products) para reactivar la producción bananera en Barú, Chiriquí.
Salvador Sánchez ministro de la Presidencia encargado, acudió al pleno para sustentar el proyecto impulsado por el Gobierno y explicó que el contrato contempla un arrendamiento de 4 mil hectáreas que son propiedad del Estado y mil 700 hectáreas, de propietarios individuales que se las arrendarán al Estado y este a su vez la subarrendará a la empresa Banapiña.
Sánchez dijo que este proyecto incluye también la reactivación del sistema de riego y cualquier otra obra necesaria para el desarrollo de la actividad bananera con la tecnología actualmente disponible.
El contrato tiene un término de 20 años de duración y es prorrogable por 20 años más.
El ministro señaló que que si el concesionario cumple con las condiciones del contrato tiene derecho a prórroga automática con excepción de las cláusulas fiscales, las cuales tienen que ser objeto de negociación con el Estado luego de 20 años.
Al obtener el contrato la empresa se compromete a invertir 100 millones de dólares en un periodo de siete años en la actividad bananera, y se espera que se generen más de 3 mil empleos directos y otros 12 mil de forma indirecta.
Sánchez agregó que la empresa deberá pagar 312 mil dólares anuales en concepto de impuestos municipales al distrito del Barú. “Esta será una inversión valiosa no solo en términos de dinero, sino en el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios de esa inversión”, precisó.
Durante el debate, el diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) Miguel Fanovich abogó para que se implemente lo más pronto posible el proyecto y que el Gobierno se siente a negociar con un grupo de propietarios de tierras en las zonas del Barú que quedaron fuera de la negociación.
Benicio Robinson, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), indicó que el proyecto es bueno, pero expresó que le quedan dudas sobre qué se va a hacer con la gente que tiene tierras en esa área y que no se han incluido en el contrato.
Javier Ortega, también del PRD, mostró su inquietud en que haya bandos que vayan a salir beneficiados y otros que salgan perjudicados porque no se les tomó en cuenta.
El ministro encargado expresó que existe buena disposición del Gobierno Nacional a encontrar una solución dialogada ante esta dificultad que muchos piensan que es insalvable.
