Ante las críticas de representantes de medios de comunicación social a algunos artículos del proyecto 292 de reformas al Código Electoral que se discute en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, sectores empresariales sugirieron la revisión de esta propuesta, tras advertir de que en algunos puntos de la iniciativa hay intromisión en la libre empresa, libre competencia y libertad económica de los medios de comunicación.
El pasado 16 de febrero, durante el primer día de consultas al proyecto, en una nota dirigida al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González, representantes de medios de comunicación cuestionaron algunos de los artículos del proyecto, en especial los relativos a la propaganda política electoral pagada con el financiamiento público y manejada por el Tribunal Electoral (TE).
De esta propuesta se objetaron los “excesivos” requisitos para los medios de comunicación, que deben registrarse ante el TE para poder pautar propaganda electoral.
Uno de los voceros de los medios en este proceso de consultas, Ricardo Lombana, criticó que los planes de los medios en materia de propaganda estén sometidos a la aprobación del TE. “Tres magistrados tendrán la potestad de decidir qué se pauta, cuándo se pauta, dónde se pauta y qué se pauta”.
En materia de propaganda sucia, detalló que la definición que se propone es muy amplia y no da a los medios la facultad de determinar si la pauta está en esa categoría.
PIDEN REVISIÓN
En un comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), se advierte de que algunos puntos de la propuesta podrían representar “una nueva intromisión en la libre empresa, libre competencia y libertad económica, en esta ocasión, de los medios de comunicación”.
El ente empresarial señala que el documento da facultades al TE que deben revisarse, ya que crean limitaciones al libre desempeño de los diferentes medios de comunicación.
Agregan que entre otros asuntos es importante que se defina una comisión e incluso un tribunal competente, que sean los responsables de definir qué es una campaña sucia y cuándo esta raya en calumnia e injuria, lo cual es un delito.
El exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado apoya la creación de una comisión que defina todo sobre campaña sucia y negativa y luego, tras un consenso, se incluya en el paquete de reformas electorales.
Aunque estimó que la Fiscalía Electoral debería ser el ente encargado para dirimir estos conceptos. Pero dijo que la entidad ha demostrado ser ineficiente en sus actuaciones.
En tanto, Elisa Suárez, del Consejo Nacional de la Empresa Privada y quien es una de las representantes del sector empresarial en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde se aprobó la propuesta, sostuvo que, al estar el proyecto en la Asamblea, puede ser revisado por los diputados.
“Tendremos que buscar las propuestas de modificación para tomar una decisión”, señaló.
