Al menos 45 millones de dólares en presuntas afectaciones al Estado fue el saldo que dejaron las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República durante el primer semestre de 2025. Aunque todo indica que el monto será mayor.
El dato, incluido en un reciente informe de gestión, expone el alcance de presuntas irregularidades detectadas en distintas instituciones públicas entre 2019 y 2024, y alimenta la expectativa ciudadana de que los hallazgos no queden solo en papel.
La entidad informó que se entregaron 237 auditorías entre enero y junio, de las cuales 88 fueron remitidas al Ministerio Público y el resto, al Tribunal de Cuentas.
Además, detalló que más de 500 mil documentos fueron refrendados en ese periodo, movilizando 30 mil millones de dólares.
Según la Contraloría, ese dinero “dejó de dormir en los escritorios” y comenzó a circular en la economía, luego de una reducción en los tiempos de refrendo, que pasaron de 180 a menos de 45 días.
Con otras 398 auditorías adicionales en curso, la institución fiscalizadora espera mantener el mismo ritmo. No obstante, más allá de las cifras, el verdadero impacto dependerá de que las investigaciones avancen y las responsabilidades se traduzcan en consecuencias concretas.
Juntas comunales
De momento, la Contraloría ha entregado unos 14 informes de auditoría al Ministerio Público, como parte de una revisión que abarca el presunto manejo irregular de fondos públicos por parte de las juntas comunales entre 2019 y 2024.
En total, se auditan 72 juntas comunales distribuidas en distintas regiones del país, en una investigación que podría destapar uno de los escándalos administrativos más significativos de los últimos años, conocido como la descentralización paralela.
Aunque los detalles específicos se mantienen bajo reserva judicial, la entidad advirtió que los montos mal manejados podrían superar los 20 millones de dólares en esta primera fase de auditorías.
Se trata de un escándalo que se originó durante el gobierno de Laurentino Cortizo: la descentralización paralela, millonarios fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización que fueron repartidos con criterio político. La mayoría de esos millones fue a parar a juntas comunales y municipios controlados por autoridades cercanas a diputados influyentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), agrupación que en el quinquenio pasado gobernaba el país.
Auxilios económicos
A esto hay que agregar una posible lesión patrimonial que supera los 24 millones de dólares, y que es el epicentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía Anticorrupción en torno al programa de Auxilios Económicos del IFARHU.
Este viernes se conoció que el director de la institución, Carlos Godoy, se presentó ante el Ministerio Público para constituirse como querellante en el caso. La decisión marca un intento de distanciamiento frente a las irregularidades que salieron a la luz en administraciones pasadas, cuando se asignaban fondos sin criterios transparentes.
Godoy, quien asumió el cargo hace poco más de un mes, sostiene que ya ha entregado documentos clave tanto a la Contraloría como a la Fiscalía. Además, ordenó una auditoría interna de todos los programas del IFARHU, con énfasis en los Auxilios Económicos, el programa más cuestionado por presuntas asignaciones discrecionales a figuras públicas, familiares de políticos y beneficiarios sin perfil académico verificable.
Como parte del giro institucional, también se modificaron los reglamentos para restringir el reparto discrecional de fondos y garantizar que las ayudas lleguen a estudiantes que realmente las necesiten.
Actualmente, el exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses, se encuentra detenido provisionalmente por este caso.
