Opinión

Vericuetos administrativos de la seguridad social y sus consecuencias

En noviembre del 2021, durante la pandemia de covid-19, la señora Yari fue internada por segunda vez en el Complejo Hospitalario Metropolitano debido a un cuadro hemorrágico a causa del uso de anticoagulantes prescritos para el tratamiento de una condición protrombótica genética que, algunos años atrás, había debutado como episodios recurrentes de trombosis venosa profunda.

Al darle de alta del hospital, se le brindó un apoyo económico para que asistiera a un médico especialista en el sistema de salud privado, ya que mostraba un deterioro paulatino de su estado de salud. En este momento se le diagnosticó hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y Cor pulmonare, una complicación de su condición protrombótica que le produjo falla cardíaca. Esta condición la obligó al uso de oxígeno por tanque las 24 horas del día y la limitó para realizar las actividades básicas del día a día.

Para poder definir si Yari era candidata a una cirugía para remover los coágulos que estaban alojados en su circulación pulmonar, el médico solicitó dos exámenes que, por carencias de insumos, no fue posible realizarlos en la Caja del Seguro Social: un cateterismo cardiaco y un centelleo de ventilación/perfusión. El primero se efectuó en un hospital privado metropolitano y el segundo, en la vecina Costa Rica. El dinero para cubrir el costo de estos exámenes, de alrededor de $7,500.00 (incluyendo traslado aéreo y hospedaje en San José), fue recolectado por familiares y amigos haciendo todo tipo de donaciones y actividades.

Después de realizarse los exámenes, el médico determinó que, afortunadamente, era candidata a una tromboendarterectomía, única opción terapéutica potencialmente curativa que le restablecería su calidad de vida. En abril de 2022, Yari tuvo citas virtuales con un cirujano cardiovascular de la fundación CardioVid de Colombia, quien coincidió, luego de analizar todos los exámenes indicados, en que la paciente era candidata a esa cirugía, con un costo aproximado de $50,000.00, que la llevaría a mejorar su calidad de vida. Días después, Yari envió una carta solicitando ayuda económica a la presidencia de la República a través del despacho de la primera dama. El despacho solicitaba, para proceder con la solicitud, una carta institucional de la CSS donde se indicara que el criterio del médico privado y de la Fundación CardioVid de Colombia eran correctos y si la operación en cuestión podía o no ser llevada a cabo en Panamá. Es irónico que el criterio de una institución, que por carencias no pudo ni siquiera realizarle los exámenes diagnósticos a Yari, haya sido el llamado a tener la última palabra con respecto a la adecuación del tratamiento de una paciente, y decidir sobre su vida o su muerte.

Finalmente, luego de nueve meses de espera, en enero del 2023, un cirujano cardiovascular de la CSS emitió el criterio de que la tromboendarterectomía no se podía realizar en Panamá, ni siquiera en la recién inaugurada y publicitada Ciudad de la Salud, debido a falta de equipo médico específico. Esta nota no siguió el proceso administrativo (cuya trayectoria era desconocida por la paciente y sus familiares). Nunca se emitió y la ayuda, por supuesto, nunca llegó. Como resultado, y por fallas en un trámite burocrático, la señora Yari perdió la oportunidad de recuperar su salud y falleció los primeros días de diciembre del 2023.

Durante el tiempo que duraron las estériles gestiones institucionales, hubo una proactividad manifiesta de la paciente y su entorno. Colectas, bingos, cantaderas, venta de comida criolla, rifas, entre otras actividades realizadas con un gran esfuerzo solidario, hicieron posible reunir solo alrededor del diez por ciento del dinero necesario para poder cubrir el tratamiento, traslado y estadía en Colombia.

Intento fallido a pesar del esfuerzo realizado. Además de las injustificadas carencias materiales en el ámbito prioritario de la salud, las debilidades en los protocolos administrativos pueden ser mortales cuando los pacientes tienen ventanas estrechas de tiempo y necesitan respuestas oportunas para recibir un tratamiento específico.

Escribo estas líneas porque una persona (asegurada con muchas cuotas pagadas), humilde, honrada y muy querida murió sufriendo y con la esperanza de una ayuda oficial a la cual tenía derecho y que nunca se le otorgó. Este es un caso entre muchos otros. Sin dudas, muchos pacientes aquejados de distintos males atendibles enfrentan a diario un futuro incierto, ante un sistema sanitario que requiere ser repensado.

El autor es doctor en ciencias naturales.