El Estado la salvó de su padrastro. De todo lo demás, la dejó sola. La sacó de la casa donde él la violó, la refugió durante el embarazo y los primeros meses de su bebé, y lo metió preso. Después la devolvió y se olvidó de ella. Desde entonces, ella le manda mensajes a la directora del hogar pidiendo volver.

Conviene decirlo claro: no es una “madre adolescente”. Es la víctima de un delito. El Código Penal no deja lugar a dudas: una niña menor de 14 años no puede consentir, y su embarazo no es una decisión, sino la prueba de una violación. Y no es un caso aislado. Solo en 2025, la Senniaf registró más de una adolescente embarazada por abuso o violencia cada día. La directora de un albergue de la capital lo puso en números: el 85% de las niñas que acoge quedaron embarazadas producto de abuso sexual.

El sistema sabe recibirlas. Lo que no sabe es soltarlas. El momento más difícil no siempre es el del abuso, sino el del regreso: cuando el Estado, tras unos meses de refugio, entrega a la niña y a su bebé de vuelta sin un plan, sin seguimiento, sin nadie que la sostenga. La protección termina en la puerta del albergue. Del otro lado, el Estado ya no está.

Lo más grave es que el Estado escribió cómo no hacer esto. Su propia Guía para un egreso seguro, de 2024, ordena preparar cada salida con tiempo y prohíbe “irrumpir en sus vidas para luego dejarlas en la misma situación de desprotección”. Unicef lo confirma: Panamá tiene los manuales, los equipos entrenados y hasta una plataforma que sigue a cada niño. Las herramientas existen; lo que falla es usarlas. Pregunté a la Senniaf, varias veces, cómo se acompaña a estas niñas al salir. No respondió. La Defensoría del Pueblo sí, y fue franca: el egreso y el seguimiento de quienes vuelven a una familia “continúa requiriendo atención prioritaria”.

El sistema llama a su meta “restablecer la dinámica familiar”. Pero ¿qué dinámica se restablece cuando esa familia no puede sostenerla? La regla, aquí y en el mundo, según Unicef, es clara: no se devuelve a una niña a la casa de la que fue rescatada hasta resolver lo que la puso en riesgo. Encerrar al agresor no basta —y menos cuando él era el sostén económico de la casa—. Al entrar preso, la familia perdió su ingreso y el Estado no puso nada en su lugar: dejó a una madre desbordada, con otros hijos, obligada a mantener a una hija que ahora también es madre. Hoy la casa depende de lo que las tías y la madre alcancen a aportar. Restablecer esa dinámica no le devuelve la protección; le devuelve la precariedad, ahora con un bebé en brazos.

No es el descuido de un caso; es la forma en que funciona el sistema. Un informe de Relaf y Unicef halló que ningún albergue del país había recibido de la Senniaf un plan de atención pensado para cada niño; y, sin trabajo con las familias, muchas regresan y vuelven a entrar: una puerta giratoria. Pero existe otro camino. Argentina acompaña por ley a quienes egresan del sistema hasta los 21 años, con apoyo económico y una figura —el “referente”— que no los suelta de la mano. No hace falta inventar nada: acompañar el egreso, respaldar a la familia que recibe, no soltar a la niña al vacío. No es utopía: es voluntad.

El padrastro está preso; para el Estado, el caso terminó. Pero castigar al culpable no es proteger a la víctima. La niña rebotó de una madre desbordada a la casa de su abuela y sigue mandando mensajes al albergue, el único lugar donde ella y su bebé no estorbaban. El Estado creyó que protegía cuando castigaba. Su tarea no era solo hallar a un culpable: era sostener a una niña que quedó madre y sola.

La autora es periodista y socióloga.