Tras un año de la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Civil (Ley 402 de 9 de octubre de 2023) en Panamá, el sistema de justicia civil enfrenta la mayor transformación de la última década. El desafío supone la migración de un modelo puramente escrito a otro sistema más moderno, basado en la oralidad, en el uso de herramientas tecnológicas y expedientes digitales, con comunicaciones y notificaciones electrónicas que aseguran un proceso más eficiente y rápido.
Pero, para medir el impacto que se ha logrado con la implementación del nuevo modelo de juzgamiento civil, es importante destacar la transición encaminada a la oralidad, la tecnología como base de la documentación de las actuaciones y los plazos reducidos y concentrados en dos audiencias: la preliminar y la de decisión de fondo. Es lo que algunos llaman el cambio de paradigma, que se aprecia en el nuevo enfoque del proceso, en el cual se abandona el intercambio de actuaciones escritas y se concentran las actuaciones en audiencias dirigidas a resolver el conflicto.
Dignas de mención son las labores que este nuevo modelo delega en la Oficina Judicial, cerebro administrativo del sistema desde donde se gestionan los procesos y se agendan las audiencias. Otras gestiones complementarias, como las comunicaciones electrónicas, las audiencias telemáticas y las notificaciones automáticas, reducen los tiempos de las diligencias y las impresiones en papel.
Como parte de la implementación, no puedo dejar de destacar que la transición de la práctica tradicional del litigio escrito hacia las destrezas de litigación oral en materia civil ha exigido un comprometido proceso de capacitación y adaptación por parte de los operadores de justicia y los abogados.
El balance de los primeros 12 meses evidencia un cambio jurídico y cultural irreversible en el ejercicio de la abogacía civil panameña. También los administradores de justicia han hecho su parte, capacitándose y comprometiéndose con los principios que orientan el nuevo proceso. Después de todo, el cambio supone un esfuerzo común y firme de todos los protagonistas de la solución de los conflictos.
Ya se aprecian indicadores positivos de tiempo en la celebración de audiencias, lo que repercute directamente en la duración de los procesos, pero la consolidación definitiva dependerá del aseguramiento de una sostenibilidad presupuestaria que permita el nombramiento de más jueces, más salas de audiencias y la dotación del equipo informático que se necesita para sostener el sistema.
El autor es magistrado del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas) y coordinador de la implementación del nuevo proceso civil en ese distrito judicial.
