El terremoto que sacudió Panamá el 9 de octubre de 2026 nos invita a mirar más allá del movimiento de la tierra. Un sismo es un fenómeno natural; sin embargo, sus consecuencias humanas y materiales también dependen de las condiciones sociales en que vive la población. La amenaza sísmica no distingue entre ricos y pobres, pero la vulnerabilidad sí está condicionada por la desigualdad.

La calidad de las viviendas, la ubicación de las comunidades, el estado de la infraestructura, el acceso a información preventiva y la capacidad económica para afrontar pérdidas influyen en la manera de enfrentar una emergencia. Una familia con ahorros puede reparar daños o trasladarse temporalmente; para otra que depende de sus ingresos diarios, una vivienda afectada puede significar perder el techo, los bienes y, al mismo tiempo, el medio de subsistencia.

Aquí aparece la relación entre terremoto y pobreza estructural. La pobreza no consiste únicamente en ingresos insuficientes: también se manifiesta en el acceso limitado a vivienda segura, servicios básicos, infraestructura adecuada y oportunidades para recuperarse de una crisis. Cuando estas carencias se acumulan, reducen la capacidad de respuesta. El desastre puede entonces profundizar desigualdades que existían mucho antes de que temblara la tierra.

Por eso, el problema no comienza con el sismo ni termina cuando cesan las réplicas. Antes de una emergencia, las decisiones sobre ordenamiento territorial, construcción, inversión pública y acceso a servicios pueden reducir o agravar la vulnerabilidad. Después, la rapidez y la equidad de la asistencia, la reparación de la infraestructura y el apoyo a los hogares influyen en que las comunidades se recuperen o queden atrapadas en una precariedad mayor.

La responsabilidad del Estado debe entenderse a lo largo de todo ese proceso. No se limita a coordinar evacuaciones, distribuir ayuda o atender a las personas afectadas. También implica identificar riesgos, hacer cumplir las normas de construcción, fortalecer la preparación comunitaria, proteger escuelas y centros de salud y asegurar que los planes de emergencia lleguen a quienes enfrentan mayores obstáculos. La prevención debe ser una política permanente, no una reacción ocasional ante la crisis.

Panamá cuenta con instituciones y marcos para la gestión del riesgo, pero su eficacia debe medirse por la ejecución y los resultados: qué zonas han sido evaluadas, qué infraestructura requiere intervención, qué recursos se destinan y qué comunidades continúan expuestas. La evaluación pública debe distinguir entre anuncios y acciones realizadas, y apoyarse en datos oficiales actualizados sobre daños, necesidades y capacidad de respuesta.

La desigualdad territorial también importa. Las condiciones de vivienda, conectividad, servicios y acceso a recursos varían entre provincias, distritos y corregimientos. Para establecer prioridades, es necesario cruzar los mapas de amenaza sísmica con información sobre viviendas, infraestructura y privaciones sociales. La pobreza, por sí sola, no determina el riesgo geológico; pero cuando coincide con edificaciones vulnerables, aislamiento o servicios insuficientes, puede agravar las consecuencias y dificultar la recuperación.

Reconstruir no debería significar simplemente reparar lo dañado y regresar a las mismas condiciones. Una emergencia debe impulsar mejoras: viviendas más seguras, infraestructura resiliente, información accesible, simulacros, planes locales y apoyo oportuno a las familias que no pueden asumir por sí solas el costo de recuperarse. La educación preventiva debe formar parte de la vida escolar y comunitaria, mediante orientaciones claras y adaptadas a cada territorio.

El terremoto es un fenómeno natural; la pobreza y la desigualdad que condicionan la recuperación son realidades sociales sobre las que sí es posible actuar. No podemos impedir todos los sismos, pero podemos reducir sus consecuencias mediante decisiones públicas responsables y participación ciudadana informada. La seguridad ante los desastres no debe depender del ingreso de cada familia: debe asumirse como una responsabilidad colectiva y una condición de la dignidad humana.

Cuando tiembla la tierra, todos sentimos el movimiento; pero una sociedad se reconoce por la manera en que protege a quienes tienen menos recursos para ponerse a salvo y volver a empezar.

El autor es especialista en ciencias sociales.