ATENCIÓN. El abogado Carlos Villalobos, a quien el Gabinete designó esta semana como magistrado de la Sala Civil, trabajó en la firma Fábrega, Molino y Mulino en los años 1990. Esto no tiene que ser necesariamente negativo, pero el hecho de que el presidente tenga a su abogado como procurador y a un excompañero como magistrado podría dar motivos justificados a quienes deseen cuestionarlo.
PARLA. El diputado Luis Duke preguntó qué ha aportado el Parlacen a Panamá, y el parlamentario Rubén Campos le respondió que, para entender el impacto real de ese organismo regional, hay que leer su tratado constitutivo. Esta es la mejor prueba de que no ha hecho nada tangible: el resultado de su trabajo debería ser evidente incluso para el panameño más humilde.
QUEJOSA. Ayer, en la conferencia de prensa en la Presidencia, se le preguntó a Mulino sobre el recorte presupuestario a la Unachi y los reclamos de la rectora Etelvina de Bonagas. Sin embargo, a la Unachi se le ha recomendado un presupuesto de 72 millones de dólares para 2026, la misma cantidad asignada para 2025. Si Bonagas todavía cree que sirve para rectora de una universidad, debería entender estos números sin que lo tenga que explicar el ministro Chapman.
VACAS. Ana Raquel Santamaría ejercerá como fiscal general electoral hasta el 1 de noviembre de 2025, dado que el titular del cargo, Dilio Arcia, se fue de vacaciones. No se puede decir que será extrañado: la mayor parte del tiempo parece que ya no hay nadie ocupando ese puesto.
INDIFERENCIA. La propuesta para que el 80% de los cargos en el servicio diplomático sean ocupados por funcionarios de carrera sigue estancada, porque el personal de Cancillería no asiste a las reuniones de una subcomisión que estudia el proyecto. Ayer fue el último plantón. Un vistazo rápido a la lista de cónsules y embajadores designados permite entender por qué hay tan poco interés en adecentar el servicio exterior.
