VOLTAJE. La última vez que escuchamos algo relacionado con la convención colectiva de Etesa fue en diciembre pasado, cuando la empresa organizó una fiesta de Navidad para 500 personas en el Hotel Sortis, con cena buffet y la presentación en tarima del tipiquero Alejandro Torres y su orquesta. La Presidencia de la República había ordenado no utilizar fondos estatales para costear agasajos y brindis navideños como parte de un plan de contención del gasto público, pero el sindicato de Etesa replicó que eso era un “atropello” a sus “derechos” laborales. Ahora, quieren obligar a la empresa estatal a organizar tres fiestas adicionales al año (actualmente son cuatro, incluyendo la de Navidad). ¿Por qué los contribuyentes deben pagar eso? Esta gente se comporta como si viviera en un emirato.
COMILONA. Si el sindicato se sale con la suya y se aprueban todas sus exigencias, miren lo que recibiría cada trabajador en el mes de diciembre, además de su salario correspondiente: última partida del XII mes, viático de transporte, bono del 100% del salario base y bolsa de Navidad, al margen de cualquier otra prerrogativa que circunstancialmente le corresponda (como bono por gravidez, por estudio, por jubilación, etc.). Como aquí nada se deja al azar, la bolsa navideña deberá tener un valor de $350. Eso no es todo: también reclaman cuatro vales de $500 cada uno (para repartir en febrero, mayo, julio y noviembre), lo que suma $2,000 por trabajador. Como hay 540 personas en la planilla, Etesa gastaría por lo menos $1.27 millones al año en bolsas y vales de alimentos. Un cardumen de pirañas no lo haría mejor.
TUFILLO. Se acumulan las quejas por el manejo de la basura en los hospitales Joaquín Pablo Franco Sayas, Anita Moreno, Cecilio Castillero y Nicolás A. Solano. Las bolsas rojas con desechos peligrosos no solo están a la vista, sino al alcance de cualquiera. ¿Por qué el contratista piensa que puede seguir haciendo lo que le da la gana? El dedo acusador apunta a un asesor, que gana más que el viceministro de Salud. Fuchi, fuchi…
MISTERIO. Ni el director de la CSS, Dino Mon, ni los viceministros Manuel Zambrano (de Salud) y Fausto Fernández (de Finanzas) supieron explicar al pleno legislativo de dónde van a salir los $91 millones que serán transferidos al IVM para atender los pagos correspondientes al mes de febrero. ¿A nadie se le ocurrió preguntar esto en primer debate?
