POCA FE. El director de la CSS, Dino Mon, no espera que salga nada bueno de la comisión legislativa de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, donde actualmente se discute el proyecto de reformas de la CSS. Por lo tanto, esperará a que la propuesta sea sometida a segundo debate en el pleno legislativo para eliminar cualquier disparate que apruebe la comisión. Si no pudo convencer a 9 diputados (que es el número de miembros que tiene la comisión), ¿cómo espera hacerlo con 71?
FUCHI. El “nini” de la embajada ha expresado su júbilo por la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos. Parece que olvidó que fue durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) que lo echaron de ese país, esposado, escoltado y sin posibilidad de despedirse de nadie, ni siquiera de sus abogados. Ni Rex Tillerson ni su sucesor, Mike Pompeo, secretarios de Estado en esa época, escucharon los pedidos de clemencia para que permaneciera en su mansión de Miami y avalaron su extradición a Panamá. Esos no parecen ser motivos para celebrar el regreso de Trump, así que debe haber algo más.
DÉCADA. El juicio por el blanqueo de las coimas de Odebrecht finalmente se llevará a cabo en enero de 2026, más de 10 años después de que se presentara la primera denuncia. La razón es la misma por la que ya se pospuso en noviembre pasado: porque no han llegado las declaraciones de 9 testigos solicitadas a Perú y Brasil, vía asistencia judicial. Así que, de momento, el caso queda en pausa, aunque hay una razón para no perder la esperanza: la juez Baloisa Marquínez advirtió ayer a todos los presentes en su tribunal (imputados, abogados defensores, acusadores, querellantes) que quedaban debidamente notificados desde ya para el juicio que se celebrará en un año. Por lo menos.
SOSPECHAS. Zuleyka Moore, una de las fiscales originales del caso Odebrecht, contó que los delatores brasileños recibieron varias llamadas amenazantes después de declarar en la audiencia de validación de sus acuerdos de colaboración, en noviembre de 2017. Incluso precisaron que esas llamadas provenían de números telefónicos cuyo código de área era el mismo: 507, correspondiente a Panamá. Martinelli dirá que él no fue, porque, en ese momento, estaba encarcelado en Miami. Entendeu?
RIDÍCULO. El abogado de Martinelli, Carlos Carrillo, exclamó ayer que su cliente “no tiene nada que ver con situaciones relacionadas con Odebrecht”. Habrá olvidado lo que le contaron Rica y Kike al juez Raymond Dearie, de Nueva York, acerca de las instrucciones que recibieron de su padre para blanquear al menos $28 millones en coimas de la constructora. Eso, sin mencionar quién estaba al frente del gobierno entre 2010 y 2014, cuando se realizaron los pagos ilícitos. O Carrillo es tonto o piensa que los demás lo somos. Sería una bofetada para nuestra justicia que un país extranjero haya investigado, extraditado, procesado y condenado a dos panameños que fueron actores relevantes del esquema de corrupción de Odebrecht, pero que aquí no les pase nada. Ni a ellos ni a papi.
