Durante la Feria Internacional del Libro fui invitada a moderar el panel “Derechos humanos y protección ambiental: una agenda compartida”. Junto a José Manuel Pérez, Sotero Morales, Mayté González y Martín Fuentes abordamos el tema desde perspectivas distintas —desarrollo, derechos humanos, conservación y dinámicas poblacionales—, pero las distintas miradas terminaban encontrándose en un mismo punto.

Durante el intercambio surgió una pregunta que debería trascender el espacio de aquella conversación: ¿cómo podemos garantizar nuestros derechos humanos si deterioramos el ambiente que hace posible ejercerlos?

Durante décadas hemos repetido que Panamá necesita encontrar un “equilibrio” entre desarrollo y protección ambiental. La expresión parece razonable, pero encierra una premisa discutible: que desarrollo y ambiente son dos fuerzas que compiten y que avanzar en una exige sacrificar parte de la otra.

¿Y si estamos planteando mal el problema? El ambiente no es un obstáculo que debamos administrar para poder desarrollarnos. Es una de las condiciones que hacen posible el desarrollo. Y también el ejercicio de nuestros derechos humanos.

Pensemos en algo tan concreto como un río. La contaminación de las aguas ha sido identificada como un asunto prioritario en la cuenca del río Santa María, mientras que estudios recientes también señalan que la contaminación proveniente de cuencas como Santa María, La Villa, Parita, Río Grande y Antón está afectando la calidad del agua de la bahía de Parita.

¿Qué significa eso más allá del indicador ambiental? Si un río abastece a comunidades, sostiene cultivos, actividades productivas o ecosistemas de los cuales dependen las personas, su deterioro puede terminar afectando agua, alimentación, salud e ingresos. Entonces, el problema deja de estar solamente en el río.

En abril de este año, por ejemplo, MiAMBIENTE confirmó mortandad de peces en el río Curunducito, entre Costa del Este y Santa María, asociada principalmente con descargas de aguas residuales y acumulación de desechos. La institución vinculó expresamente la necesidad de proteger estas fuentes hídricas con la salud pública.

Ahí empieza a verse con claridad la conexión: cuando deterioramos un ecosistema, eventualmente las consecuencias llegan a las personas. Y algunas comunidades enfrentan riesgos todavía mayores.

Gardi Sugdub, en Guna Yala, nos mostró una dimensión completamente distinta del mismo problema. El aumento del nivel del mar y otros factores llevaron a una comunidad indígena a trasladarse al continente. Pero reubicar una población no consiste simplemente en construir viviendas: significa garantizar agua, saneamiento, salud, medios de vida, identidad cultural, participación y el derecho de las personas a intervenir en decisiones que transformarán su existencia.

Por eso, proteger derechos humanos también significa anticipar. Y anticipar exige entender no solamente cómo está cambiando el ambiente, sino cómo está cambiando la población que depende de él.

Panamá será un país demográficamente diferente en las próximas décadas. Cambiarán la edad de su población, el tamaño de los hogares, su distribución territorial y las demandas sobre agua, vivienda, transporte, energía y servicios. Al mismo tiempo, cambiarán las condiciones climáticas y aumentarán las presiones sobre determinados territorios.

Planificar ambas transformaciones por separado sería un error. Una población más concentrada en determinadas zonas significa mayores demandas sobre los mismos recursos. Una población que envejece puede enfrentar vulnerabilidades particulares ante inundaciones, calor extremo o interrupciones prolongadas del agua. Comunidades costeras pueden verse obligadas a reconsiderar incluso dónde vivir.

Por eso, quizá debamos abandonar definitivamente la pregunta de cuánto ambiente podemos sacrificar para desarrollarnos. La pregunta correcta es otra: ¿cómo planificamos hoy un país capaz de garantizar mañana agua, territorio, seguridad, bienestar y dignidad para una población que también estará cambiando?

Ambiente, desarrollo, población y derechos humanos no son cuatro agendas independientes. Son cuatro dimensiones de una misma decisión sobre el futuro de este país. Porque proteger la naturaleza no significa escoger el ambiente por encima del desarrollo. Significa comprender que, cuando protegemos las condiciones que hacen posible la vida, también estamos protegiendo nuestros derechos humanos.

La autora es especialista en comunicaciones para la sostenibilidad.