Hay algo que no termina de cuadrar en el discurso de seguridad de Panamá. Mientras desde el Gobierno se habla de avances, de control y de una lucha frontal contra la delincuencia, en las calles el ciudadano vive otra historia. Robos, homicidios y hechos violentos siguen formando parte de las conversaciones cotidianas. Y lo más preocupante es que muchos de estos hechos ocurren en lugares concurridos, en plena ciudad y a plena luz del día.

Entonces surge una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿de qué seguridad estamos hablando?

Porque existe una diferencia enorme entre la seguridad que se anuncia desde un despacho y la seguridad que siente el ciudadano cuando sale de su casa.

El Gobierno ha señalado que una parte importante de los homicidios está relacionada con grupos delictivos. Datos oficiales del SIEC han señalado que el 57% de los homicidios estaba relacionado con grupos delictivos. Y tener una estadística de más de 420 homicidios en lo que va del año solo genera preocupación y lamento. Y precisamente ahí aparece otra pregunta que merece respuesta. Si buena parte de la violencia corresponde a enfrentamientos entre organizaciones criminales, ¿por qué el Estado no concentra todavía más recursos en inteligencia criminal, investigación, prevención y captura de esas estructuras?

El ciudadano observa caravanas de vehículos, camionetas lujosas y numerosos agentes del SPI desplazándose para proteger al presidente. Y mientras observa ese despliegue, también mira el precio del combustible, el costo de la comida y la dificultad de muchas familias para llegar a fin de mes. No cuestiono que el presidente tenga seguridad. Por supuesto que debe tenerla. El propio marco legal del SPI establece entre sus funciones proteger la vida e integridad física del presidente y su familia. Pero una cosa es reconocer esa obligación y otra muy distinta es no poder preguntar cuánto cuesta mantener los enormes dispositivos de seguridad que acompañan al mandatario cuando se moviliza por el país. Entonces, la pregunta no es si el presidente merece seguridad. La pregunta es si el Estado está distribuyendo sus recursos de seguridad, que superan los mil millones de dólares, de la manera más eficiente posible.

Porque si faltan policías para patrullar determinadas comunidades, si hay ciudadanos que denuncian robos y si existen sectores donde la presencia policial parece insuficiente, el Gobierno debería explicar dónde están las prioridades.

Y mientras esta discusión ocurre, aparece un episodio todavía más preocupante.

La Policía Nacional confirmó que utiliza “agentes encubiertos” dentro de organizaciones populares y sindicales, aunque rechaza el término “infiltrados” y asegura que esas operaciones se realizan dentro del marco legal.

Organizaciones sociales, sin embargo, presentaron denuncias ante el Ministerio Público y señalaron una supuesta estructura de vigilancia sobre grupos sindicales, ambientales, estudiantiles y de derechos humanos.

Aquí hay que ser claros: si existen operaciones de inteligencia legítimas contra delitos, deben investigarse y ejecutarse conforme a la ley. Pero si un ciudadano participa en una organización social, sindical o comunitaria, ejerce su derecho a protestar y expresar sus ideas, eso no debería convertirlo automáticamente en un objetivo de vigilancia estatal.

La diferencia entre inteligencia legítima y vigilancia abusiva no puede depender simplemente de cambiar una palabra. ¿Infiltrado? ¿Agente encubierto? El nombre importa menos que las condiciones bajo las cuales actuó.

¿Quién autorizó esas operaciones? ¿Qué delito se investigaba? ¿Existían órdenes judiciales cuando correspondían? ¿Qué información se recopiló? ¿Cuánto dinero público se utilizó? ¿Qué controles existieron para evitar abusos?

Esas preguntas no son ataques contra la Policía. Son preguntas democráticas.

Y aquí aparece la mayor contradicción: mientras el ciudadano reclama que el Estado lo proteja del delincuente, también tiene derecho a exigir que el Estado respete sus libertades.

La seguridad nacional no puede convertirse en una excusa para vigilar al ciudadano que piensa diferente. Pero tampoco puede utilizarse la defensa de los derechos humanos para impedir que las autoridades investiguen delitos reales.

Panamá necesita ambas cosas: seguridad y libertad. Necesita policías persiguiendo delincuentes, no ciudadanos por sus ideas. Necesita inteligencia contra las organizaciones criminales, no sospechas contra quien protesta pacíficamente. Necesita recursos para proteger barrios, comercios y comunidades, además de los necesarios para proteger al presidente.

Porque al final hay una pregunta que nadie debería esquivar: si la seguridad está tan bien como se nos dice, ¿por qué el ciudadano todavía tiene tanto miedo cuando camina por la calle?

Tal vez llegó el momento de dejar de medir la seguridad por los discursos oficiales y comenzar a medirla por algo mucho más sencillo: por la tranquilidad con la que vive el panameño.

El autor es trabajador independiente.