Panamá crece, pero no progresa. Y no progresa porque el crecimiento económico, en vez de convertirse en bienestar, termina atrapado en un engranaje opaco diseñado para beneficiar al círculo cero del poder de turno.
Algunos permanecen sin importar quién gobierne; otros llegan a montar el mismo carrusel de privilegios. Y aunque las proyecciones insisten en que la economía se mueve “por encima del promedio regional”, ese impulso no se siente en la vida de la mayoría.
El 29% de los hogares sufre inseguridad alimentaria y la CEPAL nos mantiene como el segundo país más desigual de América Latina. Esa mezcla de hambre por un lado y riqueza por el otro debería obligar a poner en el centro las políticas de redistribución y los servicios públicos básicos. Pero aquí las prioridades son otras.
La desigualdad no es un accidente. Es la consecuencia lógica de un Estado que cambia de manos, pero no de prácticas clientelistas. Esta semana conocimos del regreso de la descentralización paralela: el MEF transfirió, con refrendo de la Contraloría, más de $6 millones de manera discrecional a ciertos municipios. Los alcaldes más beneficiados pertenecen a los partidos RM y CD. ¿Nos sorprende?
Replican lo que antes criticaron, porque parece que hasta la definición de ética es selectiva. Si estoy yo en el poder es aceptable; si está otro es cuestionable. Es el clásico quítate tú pa’ ponerme yo: cambian los protagonistas, pero no el manual de operación. La primera reacción del ministro Felipe Chapman fue emblemática: recitó el marco jurídico que le permite hacer las transferencias y evadió las preguntas esenciales: ¿por qué a unos municipios y no a otros?, ¿qué necesidades motivaron estos traslados discrecionales de dinero? Tras la polémica, agregó que tomarán correctivos si llegan a encontrar actos injustificables. Amanecerá y veremos.
Pero no se trata de un hecho aislado. De igual manera se reciclan contratistas implicados en el caso Blue Apple, como Bagatrac y Meco. Nos seguimos endeudando en millones para compras opacas de aviones de combate, equipos de seguridad y helicópteros, como si Panamá se estuviera preparando para una guerra. Mientras tanto, miles de familias no saben si podrán comer tres veces al día. No faltan recursos; falta voluntad para destinarlos a las necesidades de todos y no a los caprichos de algunos.
Y para excusarse por todo lo que está mal y prometer que todo estará mejor, el gobierno desempolva la mina. Es un anuncio recurrente, sin respaldo de cifras oficiales y sin explicaciones de los mecanismos que le darán legitimidad social y legalidad a su reapertura. Mucha propaganda, poca transparencia, en un proyecto que —otra vez— termina beneficiando a los mismos.
Basta revisar el listado de proveedores actuales para identificar los vínculos con el poder; mejor ni imaginar lo que revelaría una lista completa de accionistas. Sin ocultar los beneficiarios finales, por supuesto.
En este país, el crecimiento no se convierte en progreso porque las motivaciones de quienes gobiernan son las incorrectas. La opacidad y el juega vivo no son fallas del sistema; son el sistema.
Aquí nadie puede fingir sorpresa. Cuando se gobierna para el círculo cero, el resultado siempre será el mismo: pocos ganan, muchos pierden. Panamá es un país rico lleno de pobreza y corrupción. Y difícilmente eso cambiará mientras sus dirigentes sigan al ritmo del quítate tú pa’ ponerme yo.
