En mayo de 2024 José Raúl Mulino posaba con Ricardo Martinelli en la Embajada de Nicaragua en Panamá convertida en la sede de la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia de la República. Hubo fotos, videos y abrazos, enmarcados por la promesa de ayudar al amigo condenado.
El entonces candidato y hoy mandatario se benefició enormemente del descarado abuso de la figura del asilo diplomático otorgado por una de las peores dictaduras del continente. Así empezó esta novela que aún no sabemos como terminará.
El salvoconducto es producto de decisiones políticas actuales pero en nada modifica su origen: el expresidente fue condenado por un delito común y el asilo le ha permitido evadir la cárcel. El hecho de que en campaña el candidato prometiera “ayudar a su amigo” y como presidente pregone ser “un hombre de ley”, no lo hace un virtuoso, si no un político oportunista. Estas dos caras de Mulino explican la feria de desaciertos y complicidades de la última semana.
Algunas son dificiles de olvidar. Está la desafortunada comparación hecha por el canciller Martínez-Acha entre Ricardo Martinelli y Edmundo González Urrutia, cuyo único “delito” fue ganar las elecciones en Venezuela y ser perseguido (ese si) por el dictador Nicolás Maduro. Otra más peligrosa: el director de la policía Jaime Fernández invalidando la acción de la justicia y demoliendo la alerta roja. En ambos casos se borró la línea que debe separar al gobierno del equipo de Martinelli.
El asunto es que sobre la alfombra roja en la que desfilaría el condenado y su perrito Bruno apareció un obstáculo: la negativa de Rosario Murillo a recibirlo. Mulino niega que se trate de un chantaje, pero todos escuchamos el tono de la “copresidenta” digno del régimen que oprime desde hace años a los nicaragüenses. A Martinelli no le sobran las opciones, ya que no hay una fila larga de gobiernos democráticos y respetuosos del Derecho Internacional dispuestos a cobijar a un condenado por un delito común.
Pero el estilo del régimen Ortega-Murillo no debería ser una novedad para nadie, menos para una Cancillería que tuvo que haber hecho un trabajo diplomático previo a la emisión del salvoconducto. El gobierno estudia la posibilidad de un “plan B” distinto a Nicaragua y la pregunta es: ¿Por qué Panamá le busca alternativas de escape a alguien que debería apresar?
Mientras el país sigue distraído con esta trama, hay cosas mucho más importantes pasando. Viene bajando el plan para reabrir la mina. Todo indica que el tamaño de los intereses económicos que hay en el hueco de Donoso es tan grande que el gobierno busca la manera de darle la vuelta al fallo de la Corte y a la ley de moratoria minera.
China frenó la venta de la concesión de los puertos a Black Rock y el lunes llega el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, no sabemos con qué exigencias bajo el brazo. Ojalá no nos enteremos de nuevas cesiones de soberanía a través de los medios internacionales como se ha vuelto costumbre.
La guerra arancelaria de Trump impactará a la economía global y tendrá consecuencias en Panamá. Como si todo esto fuese poco, hay una huelga de maestros contra la reforma al Seguro Social. La Ministra Molinar fue citada a la Asamblea para hablar de las carencias del sistema educativo, pero como los diputados de RM viajaron a Mar-A-Lago la sesión se cayó por falta de quorum. ¿Qué mejor ejemplo de la forma en que nos afecta esta prolongada novela?
Independientemente del desenlace de esta confabulación para conseguir impunidad, aquí lo importante es no dejarnos distraer. Si Mulino verdaderamente ya no es Martinelli, su gobierno debe dejar de buscarle plan de escape y dedicarse a trabajar con transparencia en los graves problemas del país.