Si usted se sintió sacudido por el terremoto y las réplicas, piense en los miles de panameños que, además del miedo, enfrentan la pérdida de sus hogares y de su sustento, así como la incertidumbre de no saber dónde dormirán o qué comerán mañana.

Y es que el sismo sacó a flote la dura realidad del “otro Panamá”, aquel que sucesivos gobiernos han ignorado y abandonado, lejos de los rascacielos, los puertos, el Canal y la banca. Un país donde el crecimiento económico que tanto celebran nuestras autoridades sigue sin traducirse en desarrollo humano.

Allí, las viviendas se levantan poco a poco, con años de sacrificio, y muchas familias dependen de pequeñas granjas agrícolas o pecuarias, del comercio o del trabajo informal. Son panameños que ya enfrentaban múltiples carencias y que se preparaban para sobrellevar, prácticamente solos, el devastador fenómeno de El Niño. Ahora tendrán también que reconstruir sus casas, recuperar sus medios de subsistencia y enfrentar los daños en carreteras y puentes que han dejado a varias comunidades incomunicadas.

La península de Azuero, una de las regiones más golpeadas por el terremoto, lleva un año y medio sin agua potable. Una crisis que poco tiene de desastre natural y mucho de incapacidad y desidia estatal. Ahora, a las consecuencias de esa negligencia se suman los destrozos del sismo en esta región y en la provincia de Veraguas. Si antes faltaban médicos, ahora también hay hospitales sin condiciones para atender a los pacientes. Si antes la educación era deficiente, ahora hay escuelas destruidas. El precio del diésel sigue castigando a los productores del interior. El terremoto agravó las condiciones de vida de miles de ciudadanos que llevaban años esperando respuestas del Estado.

Este abandono gubernamental va de la mano con otra realidad que el terremoto sacó a flote: la ineficiencia de una estructura estatal altamente centralizada, encabezada por un presidente con pretensiones de monarca, en la que se ha vuelto costumbre que nada se haga sin su bendición sagrada. ¿Acaso los damnificados tienen que esperar a que su majestad aterrice en helicóptero para recibir ayuda?

La concentración del poder y la falta de una verdadera descentralización entorpecen la respuesta del Estado. Las acusaciones sobre el manejo político de la ayuda ya empiezan a devolvérsele al presidente, incluso desde sus propias filas. Es evidente que el Gobierno no tiene un plan para intervenir adecuadamente ante contingencias de esta magnitud. Muchos gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos solidarios buscaron la forma de responder con agilidad y generosidad a la emergencia. Reconocer solo a uno es desconocer el esfuerzo de muchos que, en sus comunidades, han puesto en marcha iniciativas de cooperación y solidaridad sin buscar “taquilla” o elogios mediáticos.

Las redes sociales han sido claves para visibilizar y atender las necesidades de tantas comunidades apartadas. Siempre habrá quienes las utilicen para desinformar o promover sus propias agendas, pero el ataque generalizado y mezquino del presidente lleva a preguntarse si su insulto de “enfermos de redes sociales” responde más bien a que estas plataformas han mostrado las carencias de los damnificados y también han dejado al descubierto las cuestionables prioridades en el uso de los dineros de todos.

Y es que, mientras se destinan millones a viajes internacionales con vuelos chárter incluidos, helicópteros VIP, nepotismo, botellas, dietas, viáticos, villas diplomáticas y hasta un lago en el parque Omar, instituciones científicas de valor, como el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el Instituto Gorgas y el Instituto de Meteorología e Hidrología, están limitadas por los recortes presupuestarios.

Con semejantes antecedentes en el manejo de los fondos públicos, sobran razones para desconfiar y exigir transparencia en el uso de los 100 millones de dólares contemplados en la declaratoria de emergencia, que se suma a la decretada por el fenómeno de El Niño (80 millones). Es indispensable que la ayuda llegue rápidamente y sin favoritismo político a quienes la necesitan. También que los contratistas consentidos del Gobierno no saquen provecho económico de la tragedia, que cada desembolso se justifique y que cada adjudicación pueda ser fiscalizada.

La reconstrucción exige mucho más que repartir ayuda y culpas frente a las cámaras. Para los damnificados, “lo peor no ha pasado”, como asegura el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. Reconstruir obliga a atender el abandono de las comunidades, fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales, invertir los recursos públicos donde más se necesitan y rendir cuentas de cada dólar gastado.

La precaria situación en la que vive la mayoría de los panameños no es un “bochinche de redes”; es una realidad que, agravada por el terremoto, sale a flote para chocar con la narrativa indolente de Palacio.