Se abre el telón. El gobierno pone en escena su propuesta para encubrir la reapertura de la mina de Donoso. Pero el libreto está plagado de vacíos y contradicciones y la mala calidad de los actores obliga a desenmascararlos y a llamar a las cosas por su nombre.

La obra arrancó con un título engañoso: llamar “cierre ordenado” a tres décadas más de explotación de nuestros minerales es una mentira del tamaño de la mina. El ministro Julio Moltó intentó marearnos con palabras como transparencia —mencionada 14 veces en el informe escrito—, pero la contradicción le quitó toda la confianza de la audiencia. El problema no fueron las luces ni el maquillaje, sino la falta de veracidad de su mensaje. Eso y el reguero de preguntas sin respuestas que dejó a su paso.

¿Qué malabares jurídicos inventarán para disfrazar una nueva concesión a la misma empresa sin violar el fallo de la Corte y la ley de moratoria minera? El primero exige una nueva licitación y la segunda prohíbe nuevas concesiones. De afuera del país llegan informaciones que indican que el atajo legal será una empresa estatal en la que Cobre Panamá tendrá un papel destacado. Esta reapertura siempre fue un “chance casado”.

Entonces entró a la escena el ministro de Economía, Felipe Chapman, con pocas cifras pero sobradas intenciones de chantaje emocional. Con dramatismo lanzó el dilema: o nos sometemos a este “cierre ordenado” o a todos nos tocará pagarlo. Detalló el costo por habitante, por hogar, por año y hasta amenazó con dejarnos sin jubilaciones, sin subsidios y sin inversión social. ¿Qué clase de matemática antojadiza es esa? ¿Acaso somos los ciudadanos los responsables del desastre ambiental y de las violaciones a la Constitución que sucesivos gobiernos permitieron?

En contraste, no aparece un solo número sobre cuánto cobre (oro, plata y molibdeno) podrá extraer la empresa, durante cuánto tiempo ni cuánto dinero le correspondería al Estado panameño. Ni siquiera nos han informado cuánto nos toca, “a los dueños del recurso”, por las miles de toneladas del concentrado de cobre que siguen exportando en nuestras narices. Chapman no pudo explicarlo en la Comisión de Presupuesto. Si se oculta este dato, tan importante y tan actual, ¿qué más nos están escondiendo?

El único estribillo que repitió hasta la saciedad fue la falacia del “costo cero”. ¿Cero? Treinta años de explotación de nuestros minerales son un precio demasiado alto, más aún cuando el cierre ya es una obligación jurídica del operador. ¿Y a cambio de qué? No hay en la obra teatral siquiera un atisbo de estrategia para que la empresa retire los arbitrajes.

El turno fue para el ministro Juan Carlos Navarro, experto en sacudirse de responsabilidades y desviar la atención. Con tono compungido aseguró que él nunca hubiese permitido el daño ambiental y recordó que la culpa la tienen los gobiernos anteriores. ¿Llevó consigo el listado de denuncias presentadas ante el Ministerio Público contra los exfuncionarios que lo permitieron? No. Luego prosiguió con aquello de que “el hueco ya está hecho”, un argumento bastante rudimentario para un ministro de Ambiente. Navarro sabe perfectamente que el hueco seguirá creciendo si se explota la mina con una nueva concesión encubierta. Después de tanto engaño, el público ya estaba agotado: sacar de la chistera el conejo de un fideicomiso ambiental no distrajo a nadie.

Y esta obra no acaba. Apenas empieza, de la mano de un presidente que, entre viaje y viaje por el mundo de los negocios marítimos, hace escala en Panamá. Lo curioso es cómo sus temerosos ministros le alimentan la charada de creerse rey. Mulino esperó el informe de la mina sentado en una mesa aparte y cerró el espectáculo anunciando que él y solo él “decidirá”.

¿Desde cuándo un presidente decide solo el futuro del país por las próximas tres décadas? Si el cobre es de la nación, ¿por qué el que decide es él y nadie más? ¿Qué pasó con el gabinete, la Asamblea, la Corte, la voluntad popular que prometió respetar y la Constitución que limita sus poderes? ¿Dónde queda la voluntad del soberano y su derecho a ser informado y consultado, especialmente en decisiones que comprometen su futuro y el de las próximas generaciones?

Recordé entonces uno de los primeros actos de este montaje. En marzo del año pasado, Mulino habló de la mina como si se tratara de su finca privada: “Yo autoricé la sacada del material” y “autoricé también que prendan la planta termoeléctrica”. Desde entonces, la obra estaba cantada. Al presidente, que se cree rey, “se le salió el cobre” desde el principio. Y esto apenas comienza; a esta saga teatral le faltan segunda y tercera parte. El telón aún no se cierra.