Nueve meses después de haber asumido el poder, la hostilidad del presidente José Raúl Mulino al disenso se ha convertido en el sello de su gobierno.
El mandatario nunca ha sido muy tolerante a la crítica, pero conforme se complica el panorama, su agresividad contra quienes piensan distinto aumenta y contagia a su circulo cero.
No es de extrañar. Y es que cuando desde la cabeza llueven los insultos como la “tanda de vagos, cojos y tuertos”, los “que cobran rescate por las leyes”, los “chiquillos”, los que “solo saben criticar” y ahora la “guarida de terroristas” en referencia a la Universidad de Panamá, pues los funcionarios a su alrededor se sienten empoderados a hacer lo mismo.
Algunos ejemplos recientes. La auditoría del contralor Anel Flores a la Asamblea llegó cargada de epítetos contra diputadas, tales como “batallonera” o “santita”.
El Ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac usa su cuenta oficial de X para abanicar ataques contra quienes hemos cuestionado la falta de una estrategia integral frente a Trump.
Con la misma intención apareció en Viernes Santo el canciller Javier Martínez-Acha con un comunicado sin pies ni cabeza: las críticas no son válidas y no las acepta, pero está abierto al diálogo. Quien no acepta cuestionamientos no puede tener un diálogo, sino un monólogo. Cuando se mata al mensajero desde el poder, no se busca debatir sino intimidar.
El problema con estos excesos verbales es que suelen presagiar otros excesos: aquellos que socavan las instituciones democráticas. Y es que las constantes descalificaciones abren la ruta para el ejercicio arbitrario del poder. Si se ataca a los periodistas, no hay que dar explicaciones al país más allá de ciertas entrevistas cómodas. Si se desacredita a los diputados, no hay que comparecer a la Asamblea a rendir cuentas.
No es casual que esta ola amplificada de hostilidad ocurra justo después de los acuerdos pactados con los Estados Unidos durante la visita del secretario de Defensa Pete Hegseth.
La Corte decidirá la legalidad y constitucionalidad de lo firmado por nuestras autoridades, pero la responsabilidad política e histórica sobre la neutralidad del Canal y la presencia militar norteamericana en el país recaerá sobre el Ejecutivo. La moción de censura al canciller por parte de un grupo de diputados es un oportuno recordatorio sobre el rol fiscalizador que debe asumir el Órgano Legislativo.
Por cierto, el presidente ya anunció que su fórmula para la reapertura de la mina de Donoso no pasará por la Asamblea. ¿Nos sorprende? Claro que no. Si empezó describiendo a quienes se oponen a la mina como “ cinco gatos que nunca han pagado una planilla”, el siguiente paso obvio es evitar el contrapeso del Legislativo.
Para crear una empresa estatal se requiere pasar por la Asamblea, además de que aún está vigente la ley de moratoria minera. Por creativa que sea su fórmula, la misma no puede estar por encima de las leyes y la Constitución.
Recordemos que el 5 de mayo el pueblo no le dio a José Raúl Mulino un poder absoluto. La democracia implica, entre otras cosas, respetar el disenso, la libertad de prensa y la separación de poderes. Donald Trump es el perfecto ejemplo de la forma en que los insultos y ataques terminan erosionando la democracia.
El presidente Mulino debe mirarse en ese espejo. Y aquí en el patio (o más bien en el de la embajada de Nicaragua) hay un ejemplo local muy similar, que traigo a colación pues la memoria puede ser tan selectiva como la justicia panameña.
¿Se acuerdan de los gladiadores de Martinelli? ¿Esos que defendían la gestión del entonces mandatario en medios y redes, enlodando e insultando a todo el que se atreviera a cuestionar al loco? No tengo que recordarles como terminó eso: en un clima de terror que abrió las puertas para toda clase de abusos y un festín con los recursos públicos.
Reitero lo dicho: la alergia a la crítica, termina convirtiéndose en alergia a la democracia.