Que la Policía tenga agentes infiltrados no debería ser, por sí mismo, noticia ni motivo de alarma. El cuestionamiento es otro: que una institución cuyo objetivo es proteger a los ciudadanos y perseguir a los criminales se dedique a espiar a personas y organizaciones que ejercen su derecho a la protesta o que se atreven a criticar al Gobierno. ¿A quién persigue la Policía? Persigue a ambientalistas, defensores de derechos humanos, docentes y dirigentes sindicales. Y nada garantiza que sean los únicos.

No importa si uno comparte las ideas de quienes hoy son objeto de seguimiento policial. Esto no es cuestión de afinidad ideológica, sino de convicción democrática. La propia institución, intentando negarlo, terminó por confesarlo: en un comunicado reconoció que utiliza “agentes encubiertos” para mantener el “orden y la seguridad nacional”.

Lo que no explicó es de qué manera espiar a personas como la exvicealcaldesa Raisa Banfield constituye un objetivo de seguridad nacional. ¿Qué tipo de amenaza constituye un ambientalista o un defensor de derechos humanos? Aquí hay que llamar a las cosas por su nombre: están utilizando recursos públicos —según las denuncias, se trata de una estructura de 40 personas y una planilla de $30 mil al mes— para perseguir no al narcotráfico o a las pandillas, sino a activistas y opositores. Están criminalizando la protesta y el disenso.

Mientras tanto, la verdadera delincuencia organizada tiene al país en ascuas. A menudo, da la impresión de que son los carteles del narcotráfico y las pandillas los que tienen infiltrados a los estamentos de seguridad. ¿De qué otra forma podemos explicar que casi 100 privados de libertad se hayan fugado de una cárcel de alta seguridad como si nada? Y todavía ni explicaciones ni destituciones.

El director de la Policía, Jaime Fernández, tuvo que reconocer el repunte de la violencia con cifras como 12 homicidios en una sola semana. ¿Estarán sus recursos de inteligencia concentrados en penetrar las 180 pandillas vinculadas al narcotráfico que dice haber identificado? ¿O andan más ocupados averiguando quién viaja a Río Indio, quién protesta contra la minería y quién participa en una reunión gremial?

El presidente José Raúl Mulino reiteró que frente al narcotráfico el Estado “no está dispuesto a retroceder” y que “son ellos o nosotros”. Pero a su ministro de Salud, al parecer, no le llegó el memo: después de advertir sobre la presencia de “grupos beligerantes” en Escobal, llegó a plantear el retiro del personal médico del centro de salud. Es decir, frente a las pandillas, el Estado sí está dispuesto a retroceder y con el rabo entre las piernas. En vez de garantizar salud y seguridad a los ciudadanos, las autoridades abandonan sus obligaciones más elementales y ceden territorio. ¿Lo escuchó, señor presidente? ¿En cuántas comunidades del país está ocurriendo lo mismo? Entre tantas declaraciones contradictorias, el Gobierno hace el ridículo mientras el narcotráfico se ríe en nuestra cara.

Pero volvamos a quienes sí parecen preocupar a nuestra inteligencia policial. Porque esto va mucho más allá de infiltrarse en protestas. Según las denuncias, los agentes se integraron durante meses a organizaciones, participaron en reuniones, viajaron con activistas y recopilaron información sobre ellos y sus familias.

El Ministerio Público debe investigar las denuncias presentadas sobre esta presunta red de espionaje estatal y, además, aclarar su participación en ella. Y es que en el comunicado de la Policía se asegura que los “agentes encubiertos” forman parte de investigaciones y diligencias del Ministerio Público. ¿Están investigando a ambientalistas? ¿Cuáles son los delitos? ¿Quién autorizó estas operaciones? Hasta ahora, el procurador no ha dicho nada. Su silencio es tan elocuente como preocupante. También el de la defensora del Pueblo, más preocupada por los televisores para los reos en el Mundial que por salvaguardar derechos humanos básicos.

Panamá debería conocer los peligros de convertir los aparatos de inteligencia del Estado en instrumentos de represión a los ciudadanos. Durante la dictadura militar estaba el temido G-2, responsable de numerosos abusos y violaciones contra ciudadanos inocentes opuestos al régimen. Pero si la memoria de los otrora civilistas es esquiva o la referencia parece exagerada, ahí están los pinchazos y seguimientos ilegales del gobierno de Ricardo Martinelli, del que Mulino fue parte.

Lo más grave es que todavía no sabemos hasta dónde llega esta vigilancia. Hoy conocemos los casos de ambientalistas, universitarios y sindicalistas porque lograron identificar a los agentes. ¿Cuántos otros hay? ¿Periodistas? ¿Abogados? ¿Dirigentes comunitarios? ¿Ciudadanos cuyo único delito sea ser “opinadores” y no precisamente “aplaudidores” del Gobierno?

Es muy probable, a juzgar por las constantes referencias del mandatario a sus críticos. La mala noticia es que, según todas las encuestas conocidas, cerca del 70% de los panameños mantiene una posición crítica frente a la gestión del Gobierno. Habrá que dar todavía más al inflado presupuesto del Ministerio de Seguridad para que pueda financiar los infiltrados necesarios en cada comunidad, cada centro de trabajo, cada sindicato, gremio u organización social del país.

La Policía está para protegernos de los delincuentes, no para proteger al Gobierno de sus críticos. Protestar es un derecho propio de la democracia, no un delito. Disentir tampoco. Y mientras las pandillas y el narcotráfico desafían al Estado, utilizar recursos de inteligencia para vigilar a quienes ejercen esos derechos no nos hace más seguros. Nos deja a todos más desprotegidos.