Cada 90 minutos, una familia panameña presenta una denuncia por agresión sexual. Detrás de cada expediente hay un niño o niña cuya infancia fue arrebatada, en la mayoría de los casos, por alguien que conocía: un tío, un padrastro, un vecino o incluso sus propios padres. La entrada en vigencia de la Ley 501, impulsada por la diputada Paulette Thomas, representa un paso significativo: por primera vez, los panameños podrán saber si quien cuida a sus hijos, o quien vive en la casa de al lado, ha sido condenado por delitos sexuales.
La nueva norma, que modifica la Ley 244 de 2021, establece el carácter público del Sistema Nacional de Registro de Ofensores Sexuales, que hasta ahora permanecía oculto tras puertas institucionales. Como bien señaló Thomas al defenderla en el pleno: «No estamos hablando de alguien que robó un celular. Estamos hablando de depredadores que están acabando con la inocencia de niños y niñas». Su aprobación unánime —42 votos a favor y cero en contra— refleja un raro consenso político frente a una realidad que nos avergüenza: más de 3,300 denuncias solo en el primer semestre de 2025.
Seamos honestos: un registro público, aunque necesario, no es una solución. Es una reacción. La evidencia científica internacional es contundente: los programas de prevención en escuelas reducen significativamente el riesgo de abuso. Metaanálisis con miles de participantes demuestran que enseñar a los niños a identificar situaciones de riesgo, a nombrar correctamente las partes de su cuerpo y a distinguir entre secretos buenos y malos funciona. Panamá, sin embargo, sigue empantanado en debates estériles sobre educación sexual mientras sus niños pagan el precio de la inacción adulta.
Los números son escalofriantes y confirman patrones globales: 92% de las víctimas menores de edad son niñas; las edades más afectadas oscilan entre los 3 y 10 años; la mayoría de los agresores pertenece al entorno familiar. En la Comarca Ngäbe-Buglé, los casos aumentaron 73% en un solo año. En la Comarca Emberá, el incremento fue de 294%. Estas no son estadísticas abstractas; son niñas y niños que cruzan ríos para llegar a escuelas donde nadie les ha enseñado que su cuerpo les pertenece, y que regresan a hogares donde el Estado brilla por su ausencia.
El escándalo de los albergues en 2021 debió ser un punto de inflexión. Descubrimos que niños con discapacidad eran abusados sistemáticamente en centros supervisados por el Estado; que había niñas que quedaban embarazadas y eran obligadas a interrumpir la gestación para encubrir los crímenes. El Procurador General de la Nación renunció, invocando estos hechos como una de las razones de su salida. Se aprobó la Ley 285. Y luego, como suele ocurrir en Panamá, el escándalo se diluyó en el siguiente ciclo noticioso. La indignación tiene fecha de vencimiento; el trauma de las víctimas, no.
La Ley 501 es una herramienta de prevención situacional: permite a familias y empleadores verificar antecedentes. Pero la verdadera prevención —la que evita que el abuso ocurra— requiere inversión sostenida en educación, presencia institucional en territorios olvidados y el desmantelamiento de una cultura que normaliza el silencio. Cada encuesta revela que la inmensa mayoría de las víctimas nunca denuncia. El abuso intrafamiliar prospera en el secreto, en la vergüenza y en la dependencia económica de madres que no pueden proteger a sus hijos porque no tienen redes ni alternativas reales.
Celebramos la Ley 501 como un avance, pero no nos engañemos: saber quién es el vecino no protegerá a la niña cuyo agresor duerme en la habitación de al lado y nunca ha sido denunciado. Necesitamos programas de prevención obligatorios en todas las escuelas, desde preescolar. Necesitamos que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) tenga presencia real en las comarcas. Necesitamos protocolos de denuncia que protejan a los docentes que reportan. Necesitamos, sobre todo, dejar de mirar hacia otro lado.
Mientras escribo estas líneas, un niño en algún rincón de Panamá está siendo abusado por alguien en quien confía. Mañana, quizás, habrá una denuncia más en las estadísticas del Ministerio Público. O quizás no, porque el silencio sigue siendo la norma. La Ley 501 nos permite conocer a los condenados de ayer. La pregunta incómoda es qué estamos haciendo hoy para proteger a las víctimas de mañana.
La autora es educadora, expresidenta de la Junta Nacional de Escrutinio y mentora de Jóvenes Unidos por la Educación.
