El diputado Ernesto Cedeño (Moca) presentó una iniciativa legislativa con dos objetivos: que los ciudadanos que denuncian actos de corrupción no sufran el secuestro de sus bienes, y lo mismo para los medios de comunicación. Es obvio que quienes secuestran los bienes de los denunciantes, ya sea un ciudadano o un medio, buscan callarlos y/o cerrarlos, ahogándolos económicamente.
No bien llegó a prohijamiento el anteproyecto, el diputado Luis Eduardo Camacho (RM) alzó su voz para ilustrarnos con su infinita sapiencia sobre la inconveniencia de la iniciativa. Tras intentar mostrar su lado empático, definiéndose como un denunciante que entiende el rol de los medios de fiscalizar a los funcionarios, se quejó de que ese texto deja en desventaja a los políticos respecto al resto del mundo, pues no pueden demandar a quienes ofenden su honra.
Supongo que su hijo, Luis Eduardo Camacho González, presidente de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), también estará en desacuerdo con este proyecto de ley, al igual que el dueño de la mencionada casa editorial, y supongo que también lo rechazaría la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la que es miembro, porque las demandas no son suficientes: hay que quitarles todo lo que les permita respirar a los medios.
Quiero ver al llorón y a sus dos Camachos defender el secuestro de la empresa si alguien se siente ofendido y decide despojarlo de las computadoras, que son lo único que debe quedar de esa empresa periodística. Seguro que aplaudirán el secuestro y no pedirán ayuda a la SIP, porque estarán contentos con ello. La verdad es que, para ser el “amigo fiel”, parece vestir los colores de otro equipo, pues su jefe tiene que perder si le secuestran las cámaras de Nex.
Camacho dice que los políticos han sido reducidos a “subhumanos” porque no pueden demandar por delitos contra el honor. Para empezar, esa norma es antigua, y si quería proteger su inmaculado honor, debió elegir ser parte de los congueados en vez de pasarse al lado de los congueadores. Lo que ha hecho esa norma es un ensayo de equilibrio en el caso de los diputados. ¿O es que no recuerda que los “honorables” no tienen responsabilidad legal por lo que digan de alguien en el pleno? Y de algunos de ellos han salido difamaciones inimaginables, pero los ofendidos no pueden demandarlos, así que estamos a mano.
Y digo que es apenas un ensayo porque el resto de los ciudadanos tenemos que enfrentar la justicia ordinaria, mientras que los diputados tienen una jurisdicción especial. ¿No se acuerda Camacho de que gozan de impunidad casi absoluta? ¿O acaso puede negar que es un privilegio comprar carros exonerados, tener líneas de celulares gratis o colocar a la parentela en el Gobierno, incluida la familia política, o conseguir escandalosos auxilios económicos? ¿Dejó el manzanilleo y ahora nos quiere mangonear? Bastaron unos gramos de poder para que ahora presuma de sus miserias.