La demolición del Monumento a la Amistad Chino-Panameña, ubicado en un sitio de inmenso valor simbólico —el Mirador del Puente de las Américas, sobre el Canal de Panamá—, ejecutada por la administración de la alcaldesa Stefany Peñalba el pasado 27 de diciembre de 2025, no es un simple incidente erróneo de gestión urbana; es una bofetada a la historia, un atropello al debido proceso y una violación flagrante de compromisos internacionales. Se pretendió justificar como una medida de “seguridad”, para terminar siendo un acto de arbitrariedad que hiere profundamente la fibra social de nuestro país y deja al descubierto una preocupante falta de respeto por la pluralidad cultural de la nación.
Es fundamental aclarar una confusión malintencionada y peligrosa: este monumento no fue erigido para “extranjeros” ni para la complacencia de otros Estados. Fue construido para salvaguardar en la memoria colectiva la llegada y el aporte invaluable de la comunidad china que emigró a Panamá hace más de 170 años. Estos hombres y mujeres, y sus descendientes, son parte integral de la panameñidad. Por ello, su destrucción genera un doloroso sentimiento de discriminación, enviando un mensaje de exclusión a miles de ciudadanos panameños de ascendencia china, cuya historia ha sido tratada como escombro.
El primer y más grave atropello nace de la violación a la Constitución Política. La alcaldesa ignoró el artículo 17, que impone al Estado el deber de proteger la honra de los nacionales, y el artículo 81, que establece que el patrimonio histórico es un tesoro cultural del pueblo bajo custodia estatal. Al demoler este símbolo, se vulneró el derecho de una comunidad al respeto de su identidad y el deber del funcionario de proteger los bienes que narran nuestra historia.
Este irrespeto se extiende al ámbito internacional. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías, al haber sido adoptada por la Asamblea General —de la cual la República de Panamá forma parte—, representa un compromiso político y moral de los Estados miembros para proteger los derechos de las minorías en sus territorios, y obliga al Estado a salvaguardar la identidad nacional, étnica y cultural de sus grupos.
Al actuar de forma unilateral y destructiva, la administración municipal falló en su responsabilidad de proteger los derechos culturales de un grupo humano que es pilar del tejido social panameño.
En el plano administrativo, la ejecución constituyó una violación grave al debido proceso. Según la Ley 38 de 2000, un acto de esta magnitud requería transparencia, notificaciones y el derecho a la consulta ciudadana. Sin embargo, se optó por la opacidad de un sábado por la noche, ignorando incluso la oferta de la comunidad para rehabilitar el monumento con fondos privados.
Finalmente, esta cadena de irregularidades desemboca en la responsabilidad penal. El Código Penal, en su artículo 232, tipifica los delitos contra el Patrimonio Histórico, castigando con prisión de cinco a siete años a quien destruya objetos de valor cultural. A ello se suma el evidente abuso de autoridad (artículo 355), derivado del ejercicio arbitrario de la función pública.
La cultura y la historia de los panameños descendientes de chinos no se borran con una retroexcavadora. Políticamente, el costo es una nación indignada ante la intolerancia. Corresponde ahora al Ministerio Público y a las demás autoridades competentes actuar con firmeza y prontitud para determinar las responsabilidades de este acto, que ha dejado una mancha de intolerancia y autoritarismo en la administración pública municipal de Arraiján, y demostrar que el respeto a nuestra identidad nacional, pluriétnica y multicultural, no está sujeto al capricho de ningún servidor público.
El autor es abogado y docente universitario/Doctor en Derechos Fundamentales.
