Hace unas semanas planteé en estas páginas una disyuntiva: regular los activos digitales para supervisar o regularlos para innovar. Advertía que, ante la evaluación del GAFI de 2027, Panamá corría el riesgo de conformarse con un registro administrativo y perder la oportunidad de posicionarse como un centro regional de innovación financiera.

Hoy hay motivos para el optimismo, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que prepara una regulación para los activos virtuales y presentó la arquitectura de política pública que la sustentará: un marco regulatorio claro, coordinación entre autoridades, competitividad y protección de los usuarios.

La inclusión de la competitividad entre esos cuatro pilares merece destacarse. Revela que el Estado entiende los activos digitales no solo como un riesgo que mitigar, sino como una oportunidad de inversión, empleo y desarrollo. Una ley que solo busca superar una evaluación internacional cumple; una ley que además atrae capital y talento transforma.

No sería la primera vez. El centro bancario, la industria fiduciaria y el mercado de valores crecieron sobre una misma base: un marco jurídico que dio confianza a quienes buscaban dónde invertir. Hoy los activos digitales abren una puerta similar, con una diferencia: otros países ya la están cruzando.

Mientras tanto, Panamá sigue sin una definición legal de activo virtual y sin un régimen de licencias para quienes prestan estos servicios. Esa ausencia no detiene la actividad; la empuja hacia otras jurisdicciones o la mantiene en una zona gris que no beneficia a los reguladores, que carecen de herramientas; ni al empresario, que carece de certeza; ni al usuario, que carece de protección.

La propia presentación del MEF lo resumió bien: la oportunidad está en la inversión y la productividad; la condición para aprovecharla son reglas claras y ciertas, y la posición que Panamá puede ofrecer es la de una plataforma probada. La seguridad jurídica ha sido siempre nuestro principal producto de exportación; por tanto, no hay razón para que el ecosistema digital sea la excepción.

La competitividad no puede quedarse en un pilar de política pública; debe convertirse en un criterio de redacción de la ley.

Ahora bien, incluir la competitividad en una presentación es el primer paso; lograr que se refleje en el articulado es el verdadero reto. Para ello, la futura ley debe reconocer que no todos los activos digitales son iguales y aplicar un enfoque proporcional al riesgo; identificar con claridad qué autoridad otorga cada licencia y en qué plazo; permitir espacios de prueba controlados para la innovación, y reconocer la tokenización de activos reales y su interacción con el Registro Público.

Nada de esto riñe con el cumplimiento, ya que un mercado regulado es un mercado más fácil de supervisar. El GAFI no le pide a Panamá que frene la innovación; le pide que sepa quién la opera y que controle sus riesgos.

El MEF también reconoció que el desafío trasciende la redacción de una ley, ya que exige definir competencias, fortalecer capacidades institucionales y asegurar que las medidas puedan implementarse y supervisarse con eficacia. Ese reconocimiento abre la puerta a un diálogo amplio con quienes conocen el mercado desde adentro, como bancos, casas de valores, proveedores tecnológicos y reguladores.

En mi artículo anterior concluí que Panamá necesitaba regular para supervisar y para innovar. Hoy el MEF ha dado una primera señal de que comparte esa visión. Panamá ya demostró que sabe convertir reglas claras en prosperidad: lo hizo con su centro bancario, con su plataforma de servicios y con el Canal. Tenemos el talento, la experiencia y la vocación de ser puente entre el mundo y la región. Si convertimos este anuncio en una ley moderna y competitiva, los activos digitales pueden ser el próximo capítulo de esa historia.

Panamá no nació para quedarse atrás; nació para conectar al mundo. Que la economía digital sea la próxima ruta que pase por aquí.

El autor es abogado.