La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció los dividendos que entrega al Estado, y como siempre surgen en redes sociales comentarios cargados de sospechas, desinformación y prejuicios. El reciente aporte de $2,965 millones al Tesoro Nacional ha reavivado críticas infundadas que merecen una aclaración responsable.
Algunos cuestionan: “¿Cómo es posible que el Canal genere más de $5,700 millones y solo entregue cerca de 3 mil?”. Otros afirman que “eso es un negocio redondo para los privilegiados del Canal”, o que “alguien se está robando los 4 mil millones restantes”. Estas ideas, repetidas sin base técnica, distorsionan la realidad.
La ACP es una entidad autosostenible que opera una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Para mantener su competitividad, requiere inversiones constantes en mantenimiento, tecnología, infraestructura, seguridad, formación técnica y, por supuesto, salarios justos para una fuerza laboral altamente calificada.
Es falso que se pierdan $4 mil millones al año. Ese monto corresponde a los costos operativos de una empresa compleja que moviliza más de 489 millones de toneladas anuales, garantiza más de 13 mil tránsitos al año y genera una ganancia neta de $4,134 millones. De esa utilidad, más del 70% se transfiere directamente al Estado. No hay privilegio oculto, hay eficiencia comprobable.
El personal canalero no es una élite aparte. Son panameños y panameñas de todas las provincias y estratos sociales, formados con rigor técnico, muchos de ellos segunda o tercera generación de trabajadores del Canal. Son mecánicos, ingenieros, operadores, especialistas logísticos, administrativos: profesionales de clase mundial, cuya labor ha sido reconocida internacionalmente. No se les puede reducir a “privilegiados” sin desconocer su esfuerzo y formación.
Además, es importante precisar un punto clave: los directivos del Canal no reciben dividendos. Estos fondos se transfieren íntegramente al Tesoro Nacional. Si hay cuestionamientos sobre el uso final de ese dinero, deben dirigirse al ámbito político, no a la ACP. El problema no es cuánto entrega el Canal, sino cómo y en qué se gasta lo que entrega.
La gestión canalera es auditada, transparente y eficiente. Desde el año 2000, el Canal ha estado en manos panameñas, y los resultados son contundentes: modernización continua, sostenibilidad, innovación y rentabilidad sostenida. No existe evidencia creíble de que otro país pudiera administrar esta vía mejor que nosotros. De hecho, muchos países la envidian y la estudian como modelo.
Banalizar la gestión del Canal con comparaciones simplistas como “nos devuelven menos de lo que ganan” demuestra un desconocimiento profundo del funcionamiento empresarial y financiero de una operación de esta escala. Si queremos hacer justicia con la verdad, el foco debe estar en exigir mayor transparencia al Estado sobre el destino de los fondos, no en sembrar dudas sobre quienes los generan con profesionalismo diario.
El Canal de Panamá es, sin duda, la empresa más sólida del país. Y lo es gracias al trabajo silencioso, constante y responsable de miles de compatriotas. Cuidarlo implica también reconocer su valor, defender su integridad y dejar de usarlo como chivo expiatorio de frustraciones políticas.
El autor es administrador industrial.
