Panamá ha avanzado significativamente en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de una conquista jurídica y social incuestionable. Todo estudiante tiene derecho a desarrollarse en un entorno educativo libre de violencia, discriminación o abuso.
Sin embargo, en medio de este importante esfuerzo de protección surge una pregunta que cada vez preocupa más a quienes ejercen la noble labor de enseñar: ¿quién protege al docente?
La interrogante no busca enfrentar derechos ni establecer una competencia entre estudiantes y educadores. Por el contrario, pretende llamar la atención sobre una realidad que amenaza con fracturar el equilibrio que debe existir dentro de toda comunidad educativa.
En las últimas semanas, diversos casos relacionados con presunta violencia psicológica ejercida por docentes contra estudiantes han ocupado espacios en los medios de comunicación y en las redes sociales. Más allá de las decisiones que correspondan a las autoridades competentes en cada caso particular, estos acontecimientos han generado preocupación en el sector educativo sobre los límites entre una conducta reprochable y el ejercicio legítimo de la función pedagógica.
Educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos. También implica orientar, corregir conductas, establecer límites razonables y promover valores como el respeto, la responsabilidad y la convivencia pacífica. Esa ha sido históricamente una de las funciones esenciales de la escuela.
No obstante, muchos docentes sienten hoy que cualquier observación disciplinaria, llamado de atención o exigencia académica puede interpretarse como una agresión. Este escenario genera incertidumbre, temor y, en algunos casos, una preocupante inhibición del ejercicio docente.
Al mismo tiempo, observamos con preocupación un fenómeno que parece incrementarse: las agresiones verbales, amenazas y confrontaciones de algunos padres de familia contra educadores y directivos escolares. Lo que antes se resolvía mediante el diálogo institucional hoy termina con frecuencia en conflictos públicos, denuncias y enfrentamientos que deterioran la convivencia escolar.
Como sociedad**,** debemos preguntarnos en qué momento dejamos de considerar al docente como un aliado en la formación de nuestros hijos.
La educación es una responsabilidad compartida. Los padres son los primeros educadores, mientras que la escuela complementa ese proceso mediante la formación académica y ciudadana. Cuando alguna de estas partes renuncia a su responsabilidad o coloca toda la carga sobre la otra, quienes terminan afectados son los estudiantes.
Resulta indispensable reconocer que la inmensa mayoría de los docentes panameños ejerce su labor con vocación, compromiso y sacrificio. Muchos enfrentan diariamente desafíos que van más allá de la enseñanza: problemas familiares de sus estudiantes, situaciones de violencia, limitaciones de recursos y crecientes exigencias administrativas.
Por ello, la protección de los derechos de los estudiantes debe caminar de la mano con la seguridad jurídica y profesional de los educadores. No se trata de otorgar impunidad a nadie ni de minimizar posibles conductas indebidas. Se trata de garantizar reglas claras, procedimientos justos y un ambiente de respeto para todos los integrantes de la comunidad educativa.
La solución no está en escoger entre docentes y estudiantes. La verdadera solución consiste en proteger a ambos.
Necesitamos fortalecer los mecanismos de mediación escolar, promover una mayor participación de las familias, capacitar a los educadores en aspectos jurídicos relacionados con su función y establecer protocolos claros que permitan diferenciar una actuación pedagógica legítima de una conducta que realmente constituya violencia psicológica.
Cuando un estudiante se siente desprotegido, fracasa la educación. Pero cuando un docente siente miedo de ejercer su labor, también fracasa la educación.
La escuela necesita volver a ser un espacio de confianza, diálogo y corresponsabilidad. Los desafíos actuales exigen menos confrontación y más cooperación entre familias, educadores y autoridades.
Al final, la respuesta a la pregunta inicial debería ser sencilla: al docente debe protegerlo una sociedad que comprenda que defender su dignidad y su seguridad jurídica no significa restar derechos a los estudiantes, sino fortalecer las bases de una educación más justa, equilibrada y humana para todos.
El autor es doctorando, docente y abogado litigante.
