El 12 de septiembre de 2026, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pidió que la industria frenara el ritmo al que mejora sus modelos. Horas después, Sam Altman, de OpenAI, coincidió en que era necesario marcar el paso de la frontera. Elon Musk se sumó. Las acciones tecnológicas cayeron el lunes siguiente. La Casa Blanca objetó que desacelerar cedería ventaja frente a China, mientras el Global Times, diario estatal chino, denunció un alarmismo que presenta el desarrollo chino como una amenaza.

La lectura convencional es que tres rivales encontraron una causa común: los riesgos de la IA más avanzada. Hay otra lectura posible. Anthropic y OpenAI buscan atraer enormes cantidades de capital, y una narrativa de peligro civilizatorio también puede elevar el valor de los laboratorios capaces de prometer que administrarán ese peligro. La confianza, el recurso más escaso de esta industria, tiende así a concentrarse en unas pocas empresas establecidas. Eso no hace falsos los riesgos; obliga a mirar los incentivos de quienes los describen.

Esa concentración plantea una pregunta para Panamá. Su Estrategia Nacional de IA 2036 propone convertir al país en un “Hub Confiable” de innovación, capaz de atraer inversión y empresas internacionales mediante sus ventajas de conectividad, ubicación y regímenes como SEM y EMMA. Las conversaciones con empresas tecnológicas estadounidenses muestran que el gobierno busca abrir esa puerta. Pero los laboratorios de frontera exigen capacidad de respuesta institucional, evaluaciones de seguridad y reglas que puedan ajustarse con rapidez. El propio documento reconoce, al hablar de compras públicas, que el criterio del “menor precio” sigue limitando la contratación tecnológica y que hace falta una reforma legal.

Es razonable dudar de que Panamá pueda convertirse pronto en la sede decisiva de esos gigantes. No porque carezca de conectividad internacional, ya que el país cuenta con cables submarinos, centros de datos y una posición estratégica para el tránsito digital, sino porque sus instituciones públicas suelen avanzar más lentamente que las empresas tecnológicas en asuntos que requieren decisiones regulatorias, contratación especializada y ejecución rápida. Las controversias de la mina y las decisiones sobre el Canal muestran cuánto pueden prolongarse asuntos estratégicos cuando se cruzan instituciones, intereses y exigencias públicas. La estrategia identifica además una debilidad de fondo: Panamá invierte apenas alrededor del 0.16% de su PIB en investigación y desarrollo. La confianza internacional no se obtiene con una marca; requiere capacidad para ejecutar.

Esa duda no desmerece el esfuerzo del gobierno ni cancela la ambición de ser un polo regional de IA. Panamá ya es un centro financiero y logístico, dos sectores con problemas concretos que pueden convertirse en clientes de nuevas aplicaciones. Puede atraer a emprendedores latinoamericanos que conocen los mercados y las trabas administrativas de la región, y ofrecerles capital, conexiones y una base desde la cual vender sus soluciones. También debe formar más ingenieros propios. Las conversaciones para instalar un campus de Carnegie Mellon en Ciudad del Saber podrían ayudar a hacerlo, aunque todavía son una posibilidad. El talento panameño emergente necesita oportunidades para investigar, emprender y quedarse.

Panamá puede aspirar a ser el Silicon Valley de América Latina, pero su éxito no debería medirse solo por si Anthropic u OpenAI deciden instalarse allí. La prueba será si logra convertir sus ventajas actuales en empresas de IA creadas en Panamá y para la región. Negociar con los gigantes tiene sentido; construir un ecosistema que no dependa de su decisión tiene más.

El autor es analista de datos.