En el contexto de los nuevos acuerdos de seguridad entre Panamá y Estados Unidos, ha surgido un debate sobre si la instalación de bases militares conjuntas en territorio panameño podría considerarse una violación a la soberanía nacional. Este debate merece una reflexión profunda y con base jurídica e histórica, especialmente cuando se analiza a la luz de lo dispuesto en la Enmienda Nunn, contenida en el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, firmado en 1977.
La Enmienda Nunn, adoptada como declaración unilateral por parte del Senado de los Estados Unidos y luego aceptada por Panamá, establece que Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir militarmente para garantizar que el Canal de Panamá permanezca neutral y accesible para todas las naciones, aun después del año 2000. Esto implica un compromiso firme y mutuamente aceptado de proteger este paso interoceánico que representa un interés estratégico global, no solo panameño.
En ningún momento este acuerdo otorga a Estados Unidos control sobre territorio panameño. Al contrario, reconoce la soberanía plena de Panamá, al tiempo que permite que ambas naciones colaboren, si fuera necesario, para proteger una vía que es vital para el comercio internacional.
De allí se desprende que la existencia de una base militar conjunta entre Panamá y Estados Unidos no constituye una violación a la soberanía, sino una expresión legítima de cooperación estratégica y defensa compartida.
Esta situación no es única ni extraordinaria. En el mundo existen más de 70 países o territorios soberanos donde Estados Unidos mantiene una presencia militar en diversas formas —desde bases aéreas, navales, hasta centros de entrenamiento y logística. Países como Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Colombia y Kuwait, entre muchos otros, han logrado mantener relaciones de cooperación militar sin que ello implique subordinación, pérdida de autonomía o violación a su soberanía.
De hecho, muchos de estos países han visto cómo la presencia militar estadounidense se convierte en un factor de estabilidad regional, protección estratégica y atracción de inversión extranjera, ya que proyecta confianza a los mercados internacionales y protege infraestructuras críticas, tal como es el caso del Canal de Panamá.
En el caso panameño, la discusión debe centrarse no en ideologías anacrónicas ni en temores infundados, sino en el interés nacional. Proteger el Canal, enfrentar amenazas transnacionales como el narcotráfico, el crimen organizado y la posible infiltración de potencias extranjeras con intereses geopolíticos contrarios a los valores democráticos son retos que exigen cooperación con aliados confiables y con capacidad real de respuesta.
Aceptar una presencia militar conjunta en puntos estratégicos del país, como Howard, Sherman o Rodman, no solo es coherente con la letra y el espíritu del Tratado de Neutralidad y la Enmienda Nunn, sino que también representa una acción responsable por parte del Estado panameño ante el complejo panorama global.
Lo que sí sería una verdadera amenaza a la soberanía de Panamá sería aislarse, desproteger sus activos estratégicos o someterse indirectamente a influencias extranjeras que, bajo discursos ideológicos o económicos, buscan erosionar las instituciones democráticas y el control sobre nuestras decisiones nacionales.
Panamá debe actuar con madurez y visión estratégica. Una base militar conjunta no es una concesión de soberanía: es una herramienta de defensa, desarrollo y estabilidad. Y hoy más que nunca, en un mundo incierto, el país necesita aliados firmes y decisiones valientes para asegurar su futuro y el de su canal.
El autor es promotor de inversiones.
