Pasaron 16 años desde la última vez que una reforma relacionada con el ITBMS trastocó el debate nacional. El intento fallido por parte del gobierno de gravar con el 7% los bienes y servicios de la economía digital envía un mensaje evidente, comprendido tanto en 2026 como hace dos mil años en el Imperio romano: la relación entre la población y el pago de impuestos es de odios y no de amores, especialmente en entornos en donde el derroche de recursos es el pan de cada día.

Sin embargo, más allá de las obviedades, como economista, hay un aspecto que llama poderosamente mi atención: en Panamá, la política pública se viene sustentando más en cálculos electorales que en modelos estadísticos y análisis técnicos, que tampoco están desprovistos de un componente político, incluso por parte de aquellos miembros del Legislativo que intentan “hacer política de otra forma”.

La propuesta de implementar el ITBMS sobre la economía digital encontró un rechazo ferviente bajo el argumento de “afectar al pueblo”. Desconozco a qué grupo de personas se refiere un político local cuando habla del pueblo, esa masa inerte en la que cabe cierto número de personas de acuerdo con la conveniencia del momento. El ITBMS digital reposaba sobre un principio fundamental de la tributación: la equidad fiscal. Aunque el ITBMS tiende a ser regresivo porque se grava por igual a toda la población, el ITBMS digital, en el contexto actual, pudo haber resultado más equitativo.

De acuerdo con datos del INEC que, lamentablemente, ni los equipos legislativos ni el propio MEF expusieron al plantearse el proyecto de ley, la mayor penetración en el consumo de bienes de la economía digital se concentra en la población de mayores ingresos. De las personas mayores de 18 años que declaran consumir en plataformas, el 54% corresponde al 20% de la población de mayores ingresos; en contraste, el 40% de la población de menores ingresos concentra solo un 10% de estos consumidores, reforzando el argumento de equidad tributaria.

Si la preocupación es “el pueblo”, pudieron buscarse mecanismos de compensación del ITBMS, que ya se aplican en la región, pero resulta menos complejo diseñar una estrategia de rechazo masivo en redes sociales que abordar técnicamente uno de los principales lastres del país: la baja recaudación tributaria. En esta misma línea, no deja de resultar irónico, aunque tiene toda la validez del caso, que los opositores al proyecto hayan argumentado la necesidad de combatir la evasión fiscal antes de permitir un impuesto como el debatido, cuando al mismo tiempo se permite que un canal de comercio que cada vez cobra más relevancia y que ya ha sido gravado en otros países opere libre de tributación en Panamá.

Otro claro ejemplo del rezago en la elaboración de análisis rigurosos que respalden la política pública se relaciona con el proyecto de ley 226, que amplía los descuentos a los jubilados. Se trata de un proyecto de ley con un fuerte y válido sentido moral para un segmento de la población en el cual más de la mitad no recibe ingresos por pensión contributiva, según el INEC.

El problema radica en que, más allá de enumerar una larga lista de descuentos, se hace abstracción absoluta, de forma irresponsable tanto con la generación trabajadora como con la jubilada, del impacto potencial sobre diversas variables, como la recaudación y un eventual incremento en los precios para compensar dichos descuentos. ¿Quién paga la cuenta?

Mientras la formulación de política pública continúe sujeta únicamente al respaldo electoral y no a un respaldo técnico que fundamente los costos y beneficios, seguiremos a merced de la irresponsabilidad y de sus consecuencias.

El autor es economista.