La humanidad ha tenido que organizarse para poder exigir a los Estados (sus gobiernos) el cumplimiento de ciertos parámetros (políticas públicas) que garanticen sus derechos humanos (vida, salud, educación, vivienda, trabajo, alimento, medio ambiente sano) para poder tener un mínimo de condiciones dignas durante el desarrollo de sus actividades “humanas”. Y sí, parece alucinante que la población organice los medios y formas para poder demandar sus derechos.

Los Estados deben ser el “padre protector”, justo, equitativo y diligente, con quienes componen su “familia” (la población), y darles todo lo necesario en cumplimiento de lo establecido en la Declaración Americana: todas las personas “nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotadas como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente las unas con las otras”.

En este contexto, a raíz de los diversos mecanismos que se han creado para el cumplimiento de compromisos por parte de los Estados, se establece la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, para dar seguimiento a los temas relacionados, así como a la migración, las poblaciones indígenas, las poblaciones afrodescendientes y las personas mayores, por ser estas poblaciones objeto de históricas discriminaciones y violencias.

Entre el 18 y el 20 de agosto de 2026, Montevideo acogió la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Durante el encuentro se analizó el contexto regional y se discutieron las necesidades de una gobernanza con enfoque integral, solidario e intergeneracional para enfrentar los retos de la transformación demográfica.

En este evento internacional participaron autoridades de los Estados en representación de los ministerios y secretarías. También lo hicieron representantes de las Naciones Unidas, organismos regionales, la academia, el sector privado y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil.

Se suelen desarrollar eventos paralelos y, en la antesala de la inauguración oficial, se llevó a cabo la reunión de la sociedad civil, en la que organizaciones de mujeres, en un foro denominado Line Bareiro, en honor a una gran feminista fallecida recientemente, publicaron una declaración en la que las organizaciones de la región recuerdan que el Consenso de Montevideo es un acuerdo vigente que representa una herramienta indispensable para responder a los desafíos que enfrentan los países y que su vigencia representa una hoja de ruta que debe mantenerse sin retrocesos, debilitamientos ni interpretaciones regresivas.

La declaración apunta a que son diversas las necesidades y realidades que están enfrentando los países, profundizadas por una desigualdad estructural que refuerza tipos de discriminación y desencadena una serie de violencias. Asimismo, hace mención a las situaciones adversas vividas por los terremotos en las naciones hermanas de Venezuela y Colombia, expresando que las “crisis no pueden utilizarse para justificar recortes de derechos, militarización, securitización o el debilitamiento de la soberanía de nuestros pueblos”.

Ante las urgencias, las necesidades y el deber de atención que merecen los pueblos, “los derechos conquistados no se renegocian y los acuerdos que han permitido avanzar se cumplen, se profundizan y se defienden”, haciendo mención a las cuestiones del cuidado y la atención a la población mayor.

Las organizaciones feministas de la sociedad civil hacen un llamado a que se garanticen respuestas humanitarias de forma equitativa y se tomen en cuenta las interseccionalidades de la población para dar una respuesta efectiva, garantizando la participación en espacios cívicos abiertos y democráticos, en los que se reconozcan los conocimientos, cosmovisiones y liderazgos comunitarios. Plantean contar con mecanismos de protección para las personas defensoras de derechos humanos, así como para colectivos ambientales y territoriales, por tener estos una trayectoria histórica de defensa del medio ambiente y el cuidado de la vida.

El llamado a los gobernantes de los Estados incluye el respeto a la diversidad etaria, étnica, racial, sexual y de género, así como el cumplimiento de los acuerdos a través de los planes nacionales de desarrollo institucional, políticas públicas y una gestión de fondos de forma transparente y democrática, respetando los principios de progresividad y la participación efectiva de la sociedad civil.

La autora es defensora de derechos humanos.