En momentos en que Panamá vuelve a revisar las reglas que regirán sus próximas elecciones generales, la discusión sobre la reforma del Código Electoral abre una oportunidad para examinar no solo procedimientos, financiamiento o candidaturas, sino también la forma en que se organiza territorialmente la representación política. El Tribunal Electoral entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas destinado a los comicios de 2029, luego del trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. En ese escenario reaparece una propuesta presentada desde marzo de 2025 por la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT): permitir la constitución de partidos políticos de ámbito provincial.

La idea parte de una interrogante sencilla, pero de profundas implicaciones democráticas: ¿debe toda organización partidaria aspirar necesariamente a estructurarse en todo el territorio nacional para poder competir electoralmente o puede existir un espacio legal para que ciudadanos organizados desde una provincia articulen una propuesta política propia?

Panamá es constitucionalmente un Estado unitario. La creación de partidos provinciales no modificaría esa naturaleza. Su efecto estaría en el terreno de la organización y la competencia electoral.

La propuesta de la FUT sostiene que los partidos provinciales podrían ampliar el abanico de representación política, facilitar una relación más cercana entre electores y elegidos, estimular la participación ciudadana y permitir que las particularidades territoriales tengan mayor presencia en el debate nacional. También plantea que una oferta política territorial más amplia podría facilitar el surgimiento de nuevos liderazgos y fortalecer la rendición de cuentas frente a las comunidades.

La discusión tiene sentido porque Panamá no es territorialmente homogéneo. Las prioridades económicas, productivas, ambientales y sociales de Bocas del Toro no son iguales a las de Herrera; las necesidades de Darién no coinciden necesariamente con las de Veraguas, Chiriquí, Coclé o Los Santos. Reconocer esas diferencias no significa fragmentar al país. Significa preguntarnos si el sistema electoral dispone de suficientes mecanismos para convertir la diversidad territorial en representación política efectiva.

El debate debe obligarnos a mirar más allá de la cantidad de partidos y concentrarnos en la calidad de la representación.

La reforma electoral que hoy ocupa a la Asamblea Nacional debe ir más allá de la reconfiguración de los circuitos electorales. También debe incluir y considerar la discusión sobre los partidos provinciales, sin que esta se reduzca a decidir si conviene o no su creación.

La democracia se sostiene con elecciones transparentes, pero también con ciudadanos capaces de organizarse, competir y ser representados. El actual modelo de los partidos políticos nacionales es un claro y vivo ejemplo del anacrónico y ya fracasado centralismo.

No se trata de sustituir la política nacional, sino de complementarla territorialmente.

La creación de partidos políticos provinciales merece formar parte de la discusión nacional para ampliar el pluralismo electoral y permitir expresiones políticas provinciales.

Esa es la discusión que plantea la FUT, en medio del debate sobre una nueva reforma electoral, y que merece ser considerada.

El autor es abogado y sindicalista.