Paraguay y el precio de la confianza

La confianza es una de las pocas formas de riqueza que no pueden crearse por decreto. Los gobiernos pueden emitir moneda, los bancos pueden conceder créditos y los parlamentos pueden aprobar leyes. Pero ninguna institución puede obligar a una sociedad a creer en ella. Cuando esa confianza desaparece, las consecuencias pueden ser más rápidas y profundas que las de una crisis económica convencional.

Paraguay acaba de comprobarlo de manera dramática. El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay dispuso el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad financiera que había crecido vertiginosamente hasta alcanzar casi tres millones de clientes. Dos días después, Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia, tras perder el respaldo de sectores decisivos de su partido y ante la perspectiva de un juicio político. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación. El Congreso rechazó la renuncia y el Senado reanudó el juicio político el 6 de noviembre.

¿Cómo pudo el derrumbe de una institución financiera poner en juego la continuidad de un presidente? La respuesta exige mirar más allá de las irregularidades bancarias y las disputas entre dirigentes. Lo ocurrido obliga a examinar una de las relaciones más delicadas de cualquier democracia: la que existe entre el poder político, los intereses financieros y las instituciones encargadas de controlar a ambos.

Una crisis bancaria puede comenzar como un problema de liquidez, solvencia o mala administración. Pero cuando los vínculos entre una institución financiera y el poder político son demasiado estrechos, sus consecuencias adquieren otra dimensión. Los ciudadanos ya no se preguntan solamente si el banco administró correctamente sus depósitos. También comienzan a cuestionar si las autoridades encargadas de supervisarlo actuaron con independencia, si atendieron las advertencias y si las decisiones públicas respondieron al interés general. Lo que inicialmente parecía un problema financiero termina poniendo a prueba la credibilidad del propio Estado. La independencia de los reguladores financieros es una condición para que el sistema funcione.

Según cifras del banco recogidas por Associated Press, Ueno Bank administraba entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos unos 380 millones invertidos por el Instituto de Previsión Social. El Banco Central constató que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo requerido tras revisar sus estados financieros. La intervención de la entidad, que se presentaba como símbolo de modernización e inclusión financiera, dejó a numerosos clientes sin acceso inmediato a sus recursos.

Las circunstancias de ese crecimiento requieren un examen particularmente cuidadoso. Peña mantuvo hasta 2025 una participación accionaria en una sociedad vinculada al banco. Carlos Carvallo, a quien Peña nombró presidente del Banco Central, había dirigido anteriormente la financiera que precedió a Ueno Bank. Estos antecedentes no demuestran por sí mismos la comisión de un delito. Sin embargo, plantean una pregunta de gobernanza: ¿cómo garantizar que las decisiones regulatorias respondan exclusivamente al interés público cuando existen vínculos previos entre supervisores, supervisados y autoridades políticas?

El riesgo institucional de un conflicto de intereses existe incluso en ausencia de corrupción probada. Las reglas de incompatibilidad, transparencia y separación de funciones existen porque ningún sistema prudente debería depender exclusivamente de la rectitud personal de sus funcionarios. La independencia institucional permite que la confianza descanse en las reglas y en su aplicación.

América Latina conoce bien el precio de perder esa distinción. En Ecuador, la crisis bancaria de 1999 provocó el cierre o la intervención de numerosas instituciones financieras, la congelación de depósitos y un profundo deterioro de la confianza pública. Según un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI), las debilidades en la supervisión bancaria y las respuestas tardías contribuyeron a agravar una crisis alimentada también por factores fiscales, monetarios y externos. En enero de 2000, el presidente Jamil Mahuad perdió el poder en medio de la convulsión política y social, cuando el país emprendía su transición hacia la dolarización.

Argentina ofrece otra experiencia reveladora. A finales de 2001, las restricciones sobre los retiros bancarios, conocidas como el corralito, convirtieron la desconfianza financiera en una indignación política generalizada. La crisis tenía raíces mucho más amplias, vinculadas al endeudamiento público, la convertibilidad monetaria y la pérdida de acceso al financiamiento internacional. La imposibilidad de disponer libremente de sus ahorros quebró la confianza de los ciudadanos en el Estado. Fernando de la Rúa renunció a la presidencia el 20 de diciembre de 2001. La evaluación independiente del FMI sobre Argentina examina cómo los errores de política económica y las deficiencias institucionales agravaron aquella crisis.

Las tres crisis tienen alcances distintos. Ecuador sufrió una crisis bancaria y monetaria sistémica. Argentina atravesó una crisis de deuda, moneda y representación política. El caso paraguayo se concentra, por ahora, en una institución financiera, aunque sus consecuencias políticas ya han sido extraordinarias.

El dinero depositado en un banco representa una obligación jurídica y una expectativa social de cumplimiento. Cuando las instituciones encargadas de proteger esa expectativa pierden credibilidad, la crisis financiera se convierte también en una crisis de autoridad. Los ciudadanos comienzan a preguntarse si las mismas instituciones que les exigen cumplir sus obligaciones son capaces de cumplir las propias.

¿Quién dispone de la información, quién toma las decisiones y quién asume las consecuencias cuando algo sale mal? En Ueno Bank, esta última pregunta resulta especialmente inquietante. Los directivos pueden perder sus cargos y los políticos sus posiciones. Para una familia que no puede disponer de sus ahorros, las consecuencias son inmediatas. De ese dinero pueden depender la compra de medicamentos o alimentos y el pago de una deuda.

Existe, además, una dimensión política que trasciende el destino personal de Peña. Horacio Cartes, expresidente y principal dirigente del Partido Colorado, retiró su respaldo al mandatario en medio de la crisis. Si Peña es destituido, corresponderá al vicepresidente Pedro Alliana completar el mandato. La sucesión dejaría abiertas las preguntas sobre la calidad de la supervisión bancaria, el manejo de los depósitos públicos y las responsabilidades de quienes ejercían funciones de control.

Una crisis de gobierno puede resolverse mediante una renuncia, una destitución o una sucesión constitucional. Una crisis de confianza exige que las instituciones vuelvan a dar a los ciudadanos razones para creer en ellas.

Las experiencias de Ecuador y Argentina recuerdan que las consecuencias de una crisis bancaria pueden prolongarse durante años. La recuperación de los indicadores macroeconómicos y el relevo de los responsables políticos son apenas parte de la respuesta. La confianza se reconstruye cuando las instituciones demuestran, mediante decisiones verificables, que han aprendido de sus errores.

Paraguay tiene recursos humanos, capacidades profesionales y una tradición de innovación social que merece reconocimiento. Su desafío es lograr que sus instituciones funcionen con independencia y transparencia, incluso cuando ello resulte incómodo para quienes ejercen el poder.

El desenlace del juicio político puede cerrar un capítulo. Recuperar la confianza llevará más tiempo y dependerá de que las autoridades esclarezcan cómo se supervisó el banco, cómo se colocaron los fondos públicos y qué responsabilidades corresponden en cada caso. Para que los ciudadanos puedan confiar en sus autoridades, las instituciones deben estar diseñadas de manera que no sea necesario confiar ciegamente en ellas.

El autor es abogado y especialista en desarrollo internacional, gobernanza y Estado de derecho. Fue director adjunto de la USAID en Paraguay, donde trabajó en programas de fortalecimiento institucional, desarrollo económico y reducción de la pobreza. Ha ocupado altos cargos en el Departamento de Estado de Estados Unidos y en la USAID.