El inicio de 2025 marcó la entrada de Panamá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por un período de dos años. Este puesto no permanente representa la sexta ocasión en que nuestro país ocupa un asiento en la mesa más importante de la geopolítica internacional, habiendo representado a la región de América Latina y el Caribe en los periodos 1958-1959, 1972-1973, 1976-1977, 1982-1983 y 2007-2008. Ahora, casi dos décadas después, Panamá asume nuevamente este histórico escaño en medio de cuestionamientos inesperados del nuevo mandatario de los Estados Unidos relacionados con la soberanía del Canal de Panamá. En un contexto que promete ser desafiante para la relación con el vecino del norte, resulta oportuno recordar la pericia con la que el Istmo ha sabido defender sus intereses geopolíticos en el pasado.
Para nuestra nación, los bienios de la década de 1970 fueron de particular relevancia, ya que Panamá desempeñó un rol protagónico en la escena internacional. Durante este periodo, se llevaron a cabo significativos esfuerzos diplomáticos para promover la causa canalera y reclamar la restitución completa de nuestra soberanía. La habilidad del cuerpo diplomático liderado por Aquilino Boyd y Juan Antonio Tack se evidenció en sus críticas precisas a las prácticas neocoloniales y discriminatorias en la Zona del Canal, administrada entonces por los Estados Unidos. A través de la presión ejercida en foros internacionales, Panamá logró movilizar el apoyo global a favor de su causa en un clima geopolítico intensamente influenciado por el movimiento de descolonización de las décadas de 1960 y 1970. No en vano, una de las pocas ocasiones en que el Consejo de Seguridad sesionó fuera de Nueva York fue en 1973, cuando se trasladó a Panamá para evaluar la legalidad de la presencia estadounidense en el Istmo.
Estos esfuerzos diplomáticos y jurídicos culminaron con la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977, coincidiendo —no por casualidad— con el último año de Panamá en el Consejo de Seguridad durante esa década. La labor histórica realizada por el Istmo en defensa del principio de autodeterminación de los pueblos constituye un precedente jurídico significativo en esta nueva etapa de las relaciones internacionales, marcada por el resurgimiento de tendencias expansionistas. Lejos de ser un “país turista”, como a veces se denomina a los miembros no permanentes del Consejo, la experiencia acumulada por Panamá en este órgano le permite desempeñar un papel destacado desde su posición como nación neutral, intrínsecamente vinculada a su estratégica ruta interoceánica.
De cara al futuro, el nuevo periodo que culminará en 2027 ofrece a Panamá una oportunidad única para representar los intereses nacionales y regionales en una de las más altas instancias de la comunidad internacional. Ante las alarmantes amenazas a la democracia en Haití y Venezuela, y los crecientes cuestionamientos a la soberanía del Canal de Panamá, nuestro país tiene la misión de revitalizar su legado diplomático y recordar a la comunidad internacional el verdadero significado de su lema: “Pro Mundi Beneficio”. Para el beneficio de todos, aspiremos a ser el puente que une al mundo.
El autor es abogado y amigo de Fundación Libertad.