La salida de Panamá de la lista de jurisdicciones fiscales no cooperadoras de la Unión Europea representa una noticia positiva para la economía nacional. Es un avance para la reputación internacional del país y una oportunidad para fortalecer nuestra posición como centro financiero, logístico y de servicios. Sin embargo, debemos distinguir entre celebrar una mejora regulatoria y garantizar que esta se traduzca en nuevas inversiones, empleos y crecimiento económico.

¿Por qué importa esta decisión? En una economía globalizada, la confianza es un activo. Las empresas evalúan no solamente los costos y las ventajas de operar en un país, sino también su seguridad jurídica, transparencia fiscal, estabilidad institucional y relación con los mercados internacionales. Una clasificación fiscal desfavorable puede generar obstáculos adicionales y afectar la percepción de riesgo. Su eliminación puede contribuir a mejorar las condiciones para hacer negocios.

Panamá reduce una señal negativa que enfrentaba ante gobiernos, bancos, inversionistas y empresas europeas. Esto puede facilitar las evaluaciones de riesgo y fortalecer la confianza en el país, aunque no elimina automáticamente todas las preocupaciones reputacionales.

Las empresas europeas que evalúan establecer operaciones, centros regionales, estructuras corporativas o servicios en Panamá podrían encontrar un entorno regulatorio más favorable. La decisión de invertir también dependerá de los costos, la seguridad jurídica, la infraestructura y la rentabilidad.

Si la mejora de la confianza se convierte en nuevas inversiones, Panamá puede beneficiarse con empleos en múltiples sectores, potenciando la diversificación económica y mejorando sus proyecciones de crecimiento para los próximos años. Es una gran oportunidad que hay que aprovechar, pero también mantener, más allá de los períodos gubernamentales.

La decisión puede contribuir a mejorar el clima para las relaciones comerciales y empresariales. El reto será aprovechar esa confianza para atraer proyectos concretos, ampliar mercados y generar nuevas oportunidades para empresas panameñas.

Pero ¿cuánto dinero adicional podría llegar a Panamá? La respuesta responsable es que todavía no existe una cifra verificable que permita atribuir un monto específico de inversión a esta decisión. Como referencia, Panamá registró aproximadamente B/.2,833 millones en inversión extranjera directa en 2024, según cifras oficiales.

Los beneficios potenciales podrían alcanzar los servicios financieros, la asesoría empresarial, la tecnología, la logística y las operaciones regionales de compañías internacionales. También podría mejorar el interés de empresas europeas que evalúan establecer o ampliar sus operaciones en Panamá. Sin embargo, estas decisiones dependerán de otros factores, como la productividad, la disponibilidad de talento, los costos operativos y la calidad de nuestras instituciones.

Por eso, el verdadero desafío comienza ahora. Panamá necesita convertir esta mejora reputacional en una estrategia concreta de atracción de inversiones. PROPANAMA y el Ministerio de Comercio e Industrias podrían identificar empresas con potencial de establecer operaciones en el país, promover sectores de alto valor agregado y dar seguimiento público a los proyectos que se concreten.

Asimismo, debemos fortalecer la seguridad jurídica, simplificar trámites, formar capital humano y mantener el cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia tributaria. La salida de la lista no significa que todos los compromisos fiscales estén resueltos; la cooperación y el seguimiento internacional siguen siendo importantes. En ese mismo sentido, debemos medir los resultados con indicadores concretos: inversión extranjera adicional, nuevas empresas, empleos formales creados, exportaciones de servicios y salarios generados. No basta con anunciar que Panamá mejora su posición internacional; debemos demostrar cómo esa mejora beneficia a la población.

Salir de la lista fiscal europea abre una puerta. Cruzarla exige estrategia, institucionalidad y políticas públicas orientadas a resultados. La meta no debe ser únicamente atraer capital, sino conseguir que ese capital impulse productividad, empleo formal y mejores oportunidades para los panameños.

Como país, debemos potenciar la promoción internacional, comunicar a los inversionistas europeos los avances fiscales y regulatorios de Panamá, y fortalecer la seguridad de las reglas, la transparencia y la calidad institucional. También debemos agilizar permisos, trámites y procesos para establecer empresas, sin debilitar los controles. A ello se suma el desarrollo del capital humano mediante la formación de trabajadores en tecnología, finanzas, idiomas, logística y servicios profesionales, así como la publicación de indicadores sobre inversión europea, nuevas empresas, empleos formales y exportaciones de servicios.

La reputación internacional puede abrir oportunidades, pero es la calidad de nuestras políticas económicas la que permitirá convertirlas en desarrollo.

El autor es economista y docente universitario.