La refrigeración y la climatización forman parte esencial de la vida contemporánea. Permiten preservar alimentos y medicamentos, sostener servicios críticos como hospitales, centros educativos y comercios, y contribuir a condiciones de bienestar en los hogares y espacios de trabajo. Sin embargo, este progreso cotidiano conlleva también una responsabilidad ambiental de alcance global: durante décadas, ciertos gases utilizados en equipos de refrigeración y aire acondicionado han tenido impactos significativos sobre la capa de ozono y el clima.
La buena noticia es que Panamá ha desarrollado capacidades y experiencia relevantes para enfrentar este desafío. En 2009, el país eliminó el consumo de clorofluorocarbonos, conocidos como CFC, un año antes del plazo internacional establecido. Fue un logro técnico, institucional y colectivo que demostró que los compromisos ambientales pueden traducirse en resultados concretos cuando se combinan capacidades técnicas, coordinación institucional y cooperación efectiva.
Desde entonces, el desafío ha evolucionado. La reducción progresiva de los HCFC, otra familia de refrigerantes que también afecta la capa de ozono, marcó una nueva etapa. Para 2026, el nivel permitido de HCFC-22 en Panamá es aproximadamente un 82% menor que el nivel de referencia definido para el país, una disminución equivalente a cerca de 672 mil toneladas de dióxido de carbono.
Estos avances requieren capacidades técnicas, control institucional, compromiso empresarial y una ciudadanía consciente. La sostenibilidad depende de una cadena de acciones responsables, no de una sola decisión.
En el centro de esta transformación están las personas y las capacidades que el país ha consolidado. La formación técnica en buenas prácticas de refrigeración y climatización contribuye a que las instalaciones, el mantenimiento y las reparaciones sean más seguros y eficientes, reduce fugas innecesarias de refrigerantes y prepara al sector para adoptar tecnologías con menor impacto ambiental.
La certificación y el fortalecimiento de competencias son parte esencial de este proceso. Reconocer formalmente estos conocimientos eleva la calidad del servicio, mejora la seguridad ocupacional y dignifica un oficio indispensable para la economía y la vida diaria. A ello se suma el fortalecimiento de las autoridades de control, claves para identificar refrigerantes, supervisar su comercio y prevenir prácticas ilegales.
Este esfuerzo sostenido ha permitido que Panamá mantenga actualmente un 100% de cumplimiento de las metas que le corresponden bajo el Protocolo de Montreal y la Enmienda de Kigali. Este resultado refleja la continuidad de los esfuerzos realizados para implementar estos acuerdos internacionales, apoyados por la cooperación técnica y el fortalecimiento progresivo de las capacidades nacionales.
La protección de la capa de ozono es una de las historias ambientales más exitosas de la cooperación internacional. Pero también recuerda que cada avance abre nuevas responsabilidades. Algunos gases que sustituyeron a los que dañaban la capa de ozono, conocidos como HFC, no destruyen el ozono estratosférico, pero sí pueden contribuir de forma significativa al calentamiento global.
Por ello, la Enmienda de Kigali amplió el alcance del Protocolo de Montreal para reducir progresivamente el consumo de HFC. Panamá se ha comprometido a disminuirlo en un 80% para 2045, una meta que equivaldría a reducir cerca de 2.03 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.
El reto, por tanto, ya no consiste simplemente en reemplazar un gas por otro. Implica transformar la manera en que producimos frío: usar refrigerantes con menor impacto climático, mejorar la eficiencia energética, evitar fugas, recuperar y manejar adecuadamente los gases al final de su vida útil y asegurar conocimientos actualizados.
El Ministerio de Salud, a través de la Unidad Nacional de Ozono, lidera la implementación en Panamá del Protocolo de Montreal y su Enmienda de Kigali, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el apoyo del Fondo Multilateral. Esta alianza reúne esfuerzos nacionales e internacionales orientados al fortalecimiento de capacidades y a la implementación de los compromisos asumidos por el país.
Este esfuerzo suma las capacidades de instituciones públicas, la academia, empresas y profesionales del sector para avanzar hacia una transición más sostenible. También abre oportunidades para promover empleos verdes, una mayor calidad técnica y una participación más inclusiva, especialmente de las mujeres.
Conmemorar los logros del Protocolo de Montreal y los diez años de la adopción de la Enmienda de Kigali, en el marco del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, es una oportunidad para mirar hacia adelante. La experiencia acumulada muestra cómo los compromisos internacionales pueden traducirse en acciones concretas cuando cuentan con capacidades, cooperación y la participación de múltiples actores. El siguiente paso es aprovechar esa experiencia para responder al desafío climático y avanzar hacia una refrigeración más eficiente, segura y con menor impacto sobre el planeta.
Representante residente adjunta y oficial encargada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

