Escuché con atención al presidente de Transparencia Internacional, el francés François Valérian, durante un intercambio ayer con periodistas y directores de medios, invitados para conversar sobre corrupción. Hay un cálculo que define la magnitud de la corrupción en el mundo entero: un millón de millones de dólares. Buena parte de ese dinero pasa por los denominados paraísos fiscales tradicionales, aunque están apareciendo paraísos emergentes, en donde lo digital oculta bastante bien su procedencia y trazabilidad: la criptomoneda.
Tenemos que preguntarnos si en Panamá, donde la bandera de la corrupción ondea con el más absoluto descaro, la criptomoneda se utiliza para tales fines. No tengo ninguna duda de que ha sido utilizada para tal fin. Millones de dólares que no necesitan ser metidos en un banco, que pueden llevarse en el bolsillo del pantalón o en una cartera de mujer sin llamar la atención, y con la ventaja de ser extraordinariamente amable para proteger la corrupción.
Los diputados deben tomarse en serio el tema de legislar sobre el uso, almacenamiento e identidad de los poseedores de criptomonedas o también pasaremos a ser conocidos por ser un emergente paraíso fiscal digital. Empresas de alto vuelo prefieren pagar las coimas con criptomonedas. Aunque toda la vida su negocio ha sido lo metálico, ahora prefieren lo digital, en lugar del oro, la plata o el cobre. Sin embargo, algunas operaciones bancarias con criptomonedas, al menos en Panamá, empiezan a dejar huellas, como la identidad de los beneficiarios.
El hilo de este tema me lleva al abordaje de otro asunto que fue analizado en el intercambio de opiniones con los periodistas: la explotación minera. El mundo experimenta cambios tecnológicos que exigen más energía, de ahí la necesidad de una mayor producción de cobre, un metal que abunda en el subsuelo panameño. Las reservas de cobre en Donoso, donde operaba (¿u opera?) First Quantum, son solo una fracción respecto a los yacimientos existentes en Cerro Colorado.
O sea, la explotación de cobre en Panamá será una larga y tenaz pesadilla, porque cuando acaben con la veta de Donoso, ¿acaso debemos suponer que ninguna empresa minera del mundo estará interesada en explotar uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, ubicado a solo unos pocos kilómetros de Donoso? Siento decir que aquellos que no se identifican con la minería –y menos con las de cielo abierto– tendrán luchas generacionales, porque el asunto no acabará con la actual mina. De hecho, creo que puede empezar aún antes de agotar el yacimiento de Donoso.
Panamá está asentada sobre recursos metálicos que representan el futuro energético del mundo. Poderosas empresas tocarán a las puertas de actuales o de futuros gobernantes para hacerse de ese recurso. La presión será irresistible si para conseguirlo, se valdrán de la compra de conciencia de nuestros políticos… si es que tienen. A los coimeados los veremos prometer estrellas para dorarnos la píldora, mientras ellos –los coimedados– se quedan con la galaxia entera. Si ese es el escenario, veremos convertido en un gigantesco basurero parte del territorio de nuestro país.
Este asunto es tan importante para la convivencia pacífica que Valérian recomienda consultar a la población, para lo cual es necesario que sea informada con hechos ciertos y verificables, a fin de que tomemos decisiones bien informados. Y yo agregaría que necesitamos, al mismo tiempo, fortalecer nuestra débil institucionalidad, porque de lo contrario, nuestros hijos y nietos serán las nuevas víctimas de la codicia de empresas mineras y de políticos sin escrúpulos. Lo que se haga hoy con la concesión de Donoso marcará lo que se haga en el futuro con los conocidos o desconocidos yacimientos metálicos del país.
Si los gobiernos no consultan a los ciudadanos, el modelo de explotación minera no tendría éxito, por los constantes roces de los que seríamos testigos y/o protagonistas. Ya lo vimos varias veces con First Quantum. La pregunta al presidente de la República es si les preguntará a los ciudadanos, si les dará la oportunidad de decidir su futuro o si será solo él –y nadie más– el que decida por todos nosotros. El Canal de Panamá nos preguntó si queríamos las nuevas esclusas. ¿Lo hará el Ejecutivo? Y si no lo hace, ¿aceptaremos con indiferencia la decisión que él tome?
