Panamá aprendió a convertir su geografía en una plataforma. El Canal no se limita a permitir el paso de buques: conecta mercados, servicios y cadenas de suministro. Tocumen tampoco es únicamente un aeropuerto: funciona como punto de encuentro entre ciudades y continentes. Esa misma lógica puede aplicarse a otra oportunidad estratégica: consolidar al país como un hub para la organización y protección de patrimonios familiares.

La expresión “protección patrimonial” suele interpretarse equivocadamente. No significa esconder bienes, evadir impuestos o sustraer activos de obligaciones legítimas. Consiste en organizar un patrimonio para preservar su valor, separar riesgos, asegurar su adecuada administración y facilitar su transmisión entre generaciones. También permite establecer reglas para evitar que una enfermedad, una disputa familiar o una sucesión improvisada destruya lo construido durante décadas.

Panamá reúne condiciones poco comunes para desarrollar esta actividad. Dispone de sociedades, fundaciones de interés privado, fideicomisos y otros instrumentos que, correctamente diseñados, pueden atender objetivos de sucesión, gobierno familiar, filantropía y continuidad empresarial. La fortaleza no reside en una figura aislada, sino en la posibilidad de combinar herramientas jurídicas con servicios bancarios, fiduciarios, contables, tributarios y de inversión.

A ello se suma el sistema tributario territorial. Como regla general, el impuesto sobre la renta recae sobre las rentas producidas dentro del territorio panameño. Este principio ofrece una base conceptualmente clara para estructurar inversiones y actividades internacionales, siempre que se analicen la residencia fiscal de cada persona, la ubicación de los activos, las normas de los países involucrados y los convenios aplicables. Ninguna estructura seria puede construirse ignorando esas variables.

La utilización del dólar constituye otra ventaja. Reduce el riesgo cambiario para muchas familias latinoamericanas y facilita la valoración, administración y movilización de inversiones internacionales. Panamá cuenta, además, con un centro bancario de alcance regional, mercados de capitales, aseguradoras, fiduciarias y profesionales familiarizados con operaciones transfronterizas.

Sin embargo, un hub patrimonial necesita mucho más que leyes y bancos. Las familias desean reunirse con sus asesores, celebrar juntas, revisar inversiones y formar a las nuevas generaciones. Panamá ofrece conectividad aérea, hoteles, oficinas, telecomunicaciones, centros de reuniones, servicios médicos y una comunidad internacional que permite realizar esas actividades en un mismo lugar. Su ubicación facilita atender, en pocas horas, a clientes de América del Norte, Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

La disponibilidad de abogados, contadores, banqueros, administradores de inversiones, especialistas en cumplimiento y consultores de gobierno corporativo completa el ecosistema. Cuando estos servicios trabajan coordinadamente, el país deja de ser solamente el lugar donde se constituye un vehículo y se convierte en la plataforma desde la cual se administra una estrategia patrimonial integral.

El modelo, no obstante, debe responder al mundo actual. La competitividad ya no puede basarse en anonimato ni opacidad. Panamá ha fortalecido sus obligaciones de debida diligencia, conservación de registros, identificación de beneficiarios finales e intercambio de información. La protección legítima de la privacidad debe coexistir con la transparencia exigida por los estándares internacionales.

La Ley de Sustancia Económica profundiza esa transformación. Las estructuras que desarrollen determinadas actividades deberán demostrar que cuentan con presencia, dirección, recursos y funciones acordes con lo que declaran realizar. Esto no debilita la propuesta panameña. Bien implementado, ayuda a diferenciar las estructuras reales de aquellas creadas únicamente sobre el papel.

Para aprovechar esta oportunidad, Panamá necesita una estrategia nacional. Debe promover servicios de family office, fortalecer la formación especializada, modernizar registros, garantizar seguridad jurídica y facilitar procesos migratorios y operativos para familias que desean establecer una presencia real. También debe comunicar mejor lo que ofrece. Otros centros patrimoniales no esperan a que los clientes lleguen: construyen reputación, desarrollan talento y presentan una propuesta coherente.

No existe una estructura universal. Cada familia tiene una historia, activos, residencias y necesidades diferentes. Por eso, Panamá no debe vender vehículos, sino soluciones responsables y personalizadas.

El país ya demostró que puede ser punto de conexión para buques, aviones, mercancías y personas. El siguiente paso es convertirse en una plataforma confiable para conectar patrimonio, propósito y generaciones. Panamá posee las piezas. La oportunidad está en integrarlas y convertirlas en una verdadera ventaja nacional.

El autor es socio líder de Deloitte Panamá.