¡El destino de la décima provincia pende de un hilo! La implementación de mecanismos de gobernanza en su ordenamiento territorial no es un trámite más: es una condición indispensable para alcanzar un desarrollo sostenible y equilibrado. Estamos ante un desafío complejo que exige gestionar el espacio geográfico desde dos frentes inseparables: la precisión de la disciplina técnica y la inevitable dimensión política.
Desde el enfoque técnico, la gobernanza se presenta como el instrumento fundamental para organizar y planificar un territorio que demanda eficiencia, ordenando la zonificación, el uso del suelo y la infraestructura frente al riesgo del caos. Pero desde la perspectiva política del área oeste, el reto es aún mayor: construir un entorno participativo, transparente y legítimo, donde las decisiones públicas surjan del diálogo entre el Estado y la sociedad civil, y no de la imposición.
En este sentido, la gobernanza territorial se convierte en un eje central, capaz de articular ambas dimensiones, permitiendo una gestión que no solo sea eficiente, sino también equitativa y sostenible.
La experiencia ha demostrado que la ausencia de participación ciudadana debilita cualquier proceso de planificación. La imposición de una visión centralizada, aunque esté bien intencionada, rara vez logra captar la diversidad de intereses, aspiraciones y conocimientos presentes en los territorios. Un ejemplo evidente es la segregación de las poblaciones indígenas en los procesos de ordenamiento territorial, una práctica que ha generado conflictos sociales y ha invisibilizado saberes ancestrales fundamentales para la gestión sostenible de los recursos naturales.
Cuando la ciudadanía participa activamente en la construcción del futuro de su territorio, se fortalece el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad colectiva. Herramientas como talleres participativos, mesas de diálogo y consultas públicas deben incorporarse de forma sistemática, garantizando que las voces más vulnerables sean escuchadas. Los conflictos por el uso del suelo, que suelen generar tensiones entre actores, pueden resolverse de manera más efectiva cuando existe un espacio legítimo para el diálogo y la construcción conjunta de soluciones.
Además de la participación, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen pilares esenciales de una gobernanza territorial sólida. Estos principios permiten cerrar el ciclo de la gestión pública, asegurando que tanto las autoridades como los actores privados asuman responsabilidad por sus decisiones. Idealmente, la ciudadanía debería acceder a información clara sobre los proyectos que se desarrollan en su territorio, verificar su cumplimiento con las normativas ambientales y exigir explicaciones cuando sea necesario.
Otro aspecto crucial de cara a 2026 es el marco jurídico e institucional que sustenta la gobernanza territorial en la provincia. Por más voluntad que exista entre los actores, sin reglas claras y sin instituciones sólidas, los procesos de ordenamiento se vuelven frágiles. Las leyes y normativas deben ser lo suficientemente robustas para proteger el territorio, garantizar una distribución equitativa de los beneficios del desarrollo y asegurar una gestión responsable de los recursos naturales.
Sin este respaldo institucional, los planes territoriales quedan expuestos a los cambios políticos y a la presión de intereses particulares. La fortaleza de un sistema de gobernanza radica en su capacidad para resistir estas presiones y mantener el rumbo hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 11, orientado a ciudades y comunidades sostenibles.
En síntesis, la gobernanza territorial es el elemento que transforma los planes en realidades concretas. La participación inclusiva, la transparencia, los marcos institucionales sólidos y la gestión efectiva de los conflictos no son componentes accesorios, sino los verdaderos pilares del ordenamiento territorial. El futuro de Panamá Oeste, tanto en sus áreas urbanas como rurales, dependerá menos de la sofisticación técnica de los modelos y más de la capacidad colectiva para dialogar, comprometerse y construir un proyecto territorial común.
El autor es Estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá.
