En abril de 2025 se informó que la empresa danesa A.P. Moller-Maersk había adquirido la concesión de Panama Canal Railway Company para operar el ferrocarril Panamá-Colón. Esta compañía es una de las principales navieras del mundo y además obtuvo el contrato de operación temporal del puerto de Balboa.
El principal negocio de este ferrocarril es el trasbordo de contenedores entre los puertos terminales de ambos océanos. Se estima que en esta operación se movilizan hasta 500 mil contenedores entre los puertos del océano Pacífico y el mar Caribe.
Si bien aún no se ha divulgado oficialmente, se asume que el cambio de concesionario debió ser aprobado por el Gobierno Nacional. Esa habría sido una magnífica oportunidad para renegociar los términos del contrato y lograr mejores condiciones para el Estado panameño. La única información publicada, además de la compra realizada en abril de 2025, fue el monto de la transacción revelado por el Ministerio de Economía y Finanzas en agosto de 2025.
Tal como se ha publicado, el movimiento de contenedores se ha incrementado considerablemente desde la firma inicial del contrato en 1998, entre otros factores, debido a la ampliación del Canal. Además, se ha informado que Metro de Panamá paga alquiler al ferrocarril por el uso de terrenos propiedad del Estado por alrededor de B/.1.4 millones anuales, mientras que Aduanas paga aproximadamente B/.700 mil anuales por el mismo concepto.
Se trata de propiedades concesionadas al ferrocarril supuestamente para el desarrollo de actividades propias de su negocio, pero que evidentemente no son utilizadas para tales fines. Se desconoce si existen otras propiedades estatales en una situación similar. Estos factores afectan los gastos que debe afrontar el Estado y, al mismo tiempo, impactan negativamente los ingresos que percibe.
Se entiende que durante el contrato anterior se realizaron importantes inversiones para mejorar la infraestructura ferroviaria, incrementar la capacidad de trasbordo y cumplir con las condiciones contractuales, lo que permitió al concesionario atender la creciente demanda de movimiento de contenedores.
Por otro lado, la Contraloría General de la República informó en septiembre de 2025 que realizaría una auditoría sobre la concesión del ferrocarril. Según se comunicó, “la auditoría busca garantizar que los compromisos pactados se cumplan estrictamente y que los términos de la concesión se ajusten a la normativa vigente y a los intereses del Estado”.
Hasta la fecha, luego de más de seis meses de iniciada, la Contraloría no ha informado sobre los hallazgos de dicha auditoría.
Aunque pueda tratarse de una coincidencia, tanto las concesiones de los puertos de Balboa y Cristóbal como el contrato original de Minera Panamá fueron otorgados entre 1997 y 1998, al igual que la concesión del ferrocarril, y posteriormente dos de esos contratos fueron declarados inconstitucionales.
Durante la administración anterior hubo múltiples cuestionamientos sobre la forma en que se renovaron las concesiones tanto del ferrocarril como de los puertos de Balboa y Cristóbal, bajo el argumento de que no se obtuvieron suficientes beneficios para el Estado panameño.
La renovación anterior de la concesión ferroviaria fue aprobada por la Autoridad Portuaria en febrero de 2023, durante la administración de Laurentino Cortizo, aunque la resolución correspondiente fue divulgada en septiembre de 2024 bajo la administración de José Raúl Mulino.
Se espera que el Gobierno publique prontamente el contrato de concesión para conocer cuáles son los beneficios obtenidos para el Estado panameño. También sería deseable que, en este y futuros contratos de concesión, los ingresos o regalías para el Estado se calculen sobre los ingresos brutos, tal como ocurre en la práctica internacional.
El autor es ingeniero.
