El viernes 9 de octubre, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá situó en 7.5 la magnitud del sismo principal, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) la estimó preliminarmente en 7.7 con daños especialmente en provincias centrales que aún se están cuantificando. El servicio del Metro fue suspendido y se habilitó el tránsito gratuito por los corredores para facilitar la movilidad de la población. En medio de la incertidumbre, miles de panameños recurrieron a lo de siempre: consultar el teléfono. No buscábamos una alerta oficial, sino noticias de familiares, redes sociales, mensajes de conocidos y respuestas en los grupos de WhatsApp. El país acaba de experimentar un sismo de gran magnitud y, para muchos, la primera fuente de información seguía siendo la comunicación informal.

Escribo desde Florida, donde no solo he estudiado el manejo de desastres naturales, sino que también los he vivido en carne propia. Las instituciones panameñas infravaloran el hecho de que la gestión de un desastre comienza mucho antes de que este ocurra. Las alertas, los refugios, los simulacros y los códigos de construcción forman parte de una estructura de prevención que se desarrolla en tiempos de relativa calma. La respuesta inmediata y la recuperación sí son indispensables, pero su eficacia depende de las decisiones adoptadas años antes de la emergencia.

Es una noticia alentadora que no hubiera reportes masivos de víctimas mortales, pero no debe confundirse con una prueba de preparación. En parte, el desenlace pudo depender de la fortuna que tuvo el país. A diferencia de la capital, donde la concentración de edificios altos y estructuras de gran escala plantea riesgos particulares, gran parte del interior del país presenta una configuración urbana distinta. Sin embargo, esa diferencia no debe minimizar los daños estructurales registrados en distintas localidades ni el impacto que representan para las comunidades afectadas. Si un sismo de esta magnitud ocasionó daños a esa distancia del epicentro, cabe considerar las consecuencias que podría haber tenido un evento similar más próximo a la capital, especialmente en zonas densamente pobladas. A esto se sumaba la actividad de las réplicas, que planteaba interrogantes sobre la seguridad de los edificios afectados, los criterios para autorizar el reingreso y las alternativas de alojamiento para quienes no pudieran regresar a sus hogares. Un país no debería tener que improvisar estas respuestas cuando ya se encuentra en medio de una emergencia.

Lo sabíamos. Meses antes, el director del Instituto de Geociencias había reconocido que Panamá carecía de un sistema de alerta temprana capaz de advertir a la población antes de la llegada de las ondas sísmicas. En los teléfonos Android, la función de alertas de terremotos de Google no estaba disponible en el país y tampoco contábamos con un mecanismo nacional de difusión masiva que permitiera transmitir avisos oficiales de manera oportuna y geográficamente dirigida. El sismo no reveló una carencia desconocida; puso de manifiesto una vulnerabilidad que ya había sido identificada. Por otro lado, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) existe, y reducir el problema a la capacidad de sus funcionarios sería equivocado. La cuestión es si las instituciones disponen de las herramientas, los recursos y el respaldo político necesarios para cumplir su mandato.

La red sísmica permite detectar los movimientos en tiempo real, pero el Instituto de Geociencias ha advertido sobre las limitaciones de su infraestructura y la necesidad de mayor financiamiento. Según las estimaciones divulgadas, avanzar hacia un sistema de alerta temprana requeriría entre 1.5 y 3 millones de dólares.

La cifra merece ponerse en perspectiva. El proyecto de presupuesto estatal para 2027 asciende a 35,111,7 millones de dólares. La inversión estimada para la alerta sísmica representaría una fracción mínima de ese monto. Es cierto que Panamá enfrenta restricciones fiscales y que la rebaja de su calificación crediticia en 2024 evidenció la presión sobre las finanzas públicas. Sin embargo, la disciplina presupuestaria también exige evaluar los costos de no invertir. La prevención no elimina todos los daños, pero puede reducir la exposición al riesgo y mejorar la capacidad de respuesta. Cuando una inversión de esta magnitud sigue pendiente, cabe preguntarse si el obstáculo es exclusivamente financiero o si también refleja una insuficiente prioridad política.

Panamá no necesita crear otra institución para comenzar a resolver esta carencia. Sinaproc ya constituye una estructura sobre la cual articular la prevención y la respuesta ante emergencias. También existen iniciativas que apuntan en la dirección correcta: un día antes del sismo, el Ministerio de Economía y Finanzas entregó a los municipios una guía para incorporar la gestión del riesgo en la planificación territorial. Es un avance, pero la orientación técnica solo produce resultados cuando se traduce en capacidades concretas, responsabilidades definidas y mecanismos de ejecución. Sobre esa base, hay tres prioridades que el país debería atender.

Primero, establecer un sistema de alerta temprana que llegue efectivamente a la población. Esto requiere financiar el desarrollo de las capacidades técnicas del Instituto de Geociencias y Sinaproc, así como establecer un canal oficial de difusión coordinado con las operadoras de telefonía móvil. La propuesta legislativa conocida como Panamá Alerta podría formar parte de esa discusión. La integración con servicios tecnológicos internacionales, incluido Google, también sería útil, siempre que complemente la capacidad nacional en lugar de sustituirla. La alerta debe responder a criterios técnicos, tener una fuente oficial identificable y alcanzar a las personas que se encuentran en las zonas de riesgo.

Segundo, reducir la vulnerabilidad de la infraestructura crítica. Hospitales, escuelas, puentes y refugios deben someterse a evaluaciones que permitan identificar y corregir sus debilidades estructurales. Asimismo, el país necesita protocolos claros para inspeccionar los edificios después de un sismo y determinar cuándo es seguro volver a ocuparlos. La existencia de normas de construcción es insuficiente si no se acompañan de supervisión y cumplimiento efectivo. La prevención también consiste en reconocer que no todos los edificios ni todas las comunidades están expuestos al mismo nivel de riesgo.

Tercero, Panamá enfrenta amenazas asociadas a inundaciones, deslizamientos y sequías, fenómenos cuya intensidad y frecuencia pueden verse agravadas por el cambio climático. Sus efectos comprometen tanto a las comunidades más expuestas como a infraestructuras estratégicas, incluido el Canal de Panamá. Fortalecer la coordinación institucional, la planificación territorial, los sistemas de información y la educación pública permitiría mejorar la respuesta frente a un conjunto más amplio de amenazas. La gestión del riesgo no debería organizarse en torno a una sola catástrofe, sino como una política permanente de protección de la población y de los recursos del país.

El presidente pidió mantener la calma y evitar que lo ocurrido se utilizara para generar alarma. La prudencia en la comunicación pública es necesaria, especialmente durante las primeras horas de una emergencia. Sin embargo, la calma no puede convertirse en un argumento para aplazar las decisiones que la prevención exige. La confianza ciudadana se construye mediante información verificable, instituciones preparadas y respuestas oportunas.

El sismo del 9 de octubre no solo puso a prueba nuestras estructuras físicas; también expuso los límites de nuestra preparación institucional. Panamá tuvo conocimiento de sus carencias antes de que temblara la tierra. Lo que faltó no fue la advertencia, sino convertir ese conocimiento en capacidad de acción. La próxima vez, la diferencia no debería depender de la magnitud del sismo ni de la suerte de quienes se encuentren en su trayectoria. Debería depender, al menos en parte, de que el país haya hecho lo necesario y se haya preparado debidamente mientras todavía había tiempo.

La autora es estudiante de Asuntos Internacionales en Florida State University, con formación en gestión de emergencias y certificaciones de FEMA.