Independientemente de que la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) haya decidido finalmente derogar la Resolución J.D. No. 012-2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30600 el pasado viernes 28 de agosto, y que fue aprobada el 5 de marzo de 2026 —hace seis meses—, lo actuado en su momento por la actual junta directiva de la AMP no da margen para hacerla merecedora ahora del beneficio de la duda, puesto que la absurda, nefasta y evidente pretensión original de restringir a los panameños durante 10 años el acceso a la información sobre concesiones portuarias guarda una muy evidente y estrecha relación con el hecho de que la vigencia de los contratos otorgados por 18 meses para la administración temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal, mientras se organiza la convocatoria para la administración futura de estos puertos, vence en julio del próximo año.

Por ende, lo concerniente al proceso de licitación y otorgamiento de las nuevas concesiones para la administración futura de estos puertos por los próximos 30 años está muy próximo a realizarse (2027), y a ello se suman también los proyectos portuarios de Corozal y Telfers, en el Pacífico y el Atlántico, respectivamente.

En otras palabras, en medio de este congestionado dossier de concesiones portuarias que se avecina, no se necesita ser adivino ni malintencionado para sospechar y entender razonablemente que algo turbio se pretendía ocultar con la entrada en vigencia de esta resolución, puesto que resulta muy difícil aceptar que a la AMP, con un sano propósito, se le ocurriera esta idea de restringir durante una década el acceso público a información sobre concesiones, licencias, investigaciones administrativas y documentación comercial, contractual y técnica, sin importarle lo dispuesto en la actual Ley de Transparencia.

Por otro lado, aunque a oídos del pueblo panameño suena bien que el presidente Mulino se haya pronunciado a favor de la transparencia al manifestar su aparente rechazo al contenido y alcance de dicha resolución, tampoco resulta fácil de entender cómo es que el presidente Mulino no estaba enterado del contenido de esta resolución a lo largo de estos seis meses transcurridos desde su aprobación hasta la reciente promulgación en la Gaceta Oficial, tomando en cuenta que la junta directiva de la AMP la preside Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, y está integrada, además, por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y, nada más ni nada menos, el propio contralor general de la República, Anel Flores.

Al parecer, nadie escarmienta por cabeza ajena, ya que, pese a la fresca evidencia de desaciertos similares perpetrados en contra de los sagrados intereses de la nación panameña en esta entidad del Estado por parte del gobierno anterior, y que, por cierto, mantienen encarcelado al exadministrador de la AMP Noriel Araúz, todo indica que la turbiedad del agua aún persiste por estos lares.

De tal manera, y debido a que no estamos ante la ocurrencia de una ingenua y casual metida de pata común y silvestre, no basta con que la junta directiva de la AMP, ante el rechazo ciudadano de semejante arbitrariedad, oportunamente denunciada por los medios de comunicación, haya reconsiderado y finalmente desistido de la adopción de esta medida; es necesario y conveniente, además, conocer quién o quiénes asumirán la responsabilidad de este fallido y, no por ello, menos deleznable intento de pretender seguir haciendo más de lo mismo a espaldas del pueblo panameño.

Por otro lado, si el presidente Mulino en verdad desconocía los intríngulis de esta resolución gestada por los miembros de la junta directiva de la AMP y su administrador, entonces deberá empezar a preocuparse por tener que enfrentar, como presidente de la República, un problema mayor durante el tiempo que le queda de su gestión, ya que el control político y administrativo de su gobierno —al igual que le pasó a Cortizo— estaría dando así las primeras graves señales o muestras de debilitamiento y falta de compromiso y lealtad por parte de su equipo de trabajo, para desgracia suya y nuestra, de ser así.

El autor es escritor y pintor.