Recientemente, en el marco del foro “Moody’s Inside LatAm Centroamérica 2024″, Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de Moody’s, resaltó que el consenso será clave para implementar las medidas económicas y de la Caja del Seguro Social (CSS).
Moody’s advierte que las medidas que tiene que tomar el actual gobierno de José Raúl Mulino para atender la crisis de la CSS, las reformas fiscales, el manejo de la deuda y otras reformas, requieren que se logre un consenso tanto con la Asamblea Nacional y todos los partidos involucrados como con la población, mediante un manejo estratégico de la política económica, lo cual no será fácil.
Gobernabilidad, coincidencia entre Moody’s y Fitch
Los señalamientos de Moody’s están alineados con el pronunciamiento de Fitch Ratings del 28 de marzo de 2024, a través del cual degradó la calificación de la deuda soberana panameña, quitándole el Grado de Inversión otorgado en marzo de 2010. La decisión de Fitch se veía venir, luego del conflicto minero de octubre-noviembre de 2023, pero su recurrente referencia al deterioro de la gobernabilidad es un elemento nuevo, reforzado ahora por Moody’s.
Su Informe del 28 de marzo comienza señalando: “La rebaja de la calificación de Panamá a ‘BB+’ refleja desafíos fiscales y de gobernanza que se han visto agravados por los acontecimientos que rodearon el cierre de la mina más grande del país…” Finaliza el primer párrafo indicando: “…El cierre de la mina de cobre de Minera Panamá complica aún más las perspectivas fiscales y pone de relieve los crecientes desafíos de gobernanza que enfrenta el país…”
La opinión de la calificadora coincide con las advertencias que hizo The Economist (16 de julio de 2020 y 17 de marzo de 2021) en relación con que el deterioro de la gobernabilidad y la incapacidad del Gobierno Cortizo para lidiar con presiones de corte populista representaban un alto riesgo para la inversión extranjera en Panamá.
Se duplicó la deuda y se triplicó el costo del dinero
El proyecto de construcción del Cuarto Puente se financiará a una tasa de 9.3%, tres veces el 2.83% pactado para la emisión de $2,000 millones efectuada el 17 de julio de 2019 por la Administración Cortizo.
Paralelamente, el saldo de la deuda pública al 30 de junio de 2024 fue de $51,812 millones, en contraste con los $26,612 millones de junio de 2019. En otras palabras, en cinco años, se duplicó la deuda y se triplicó el costo del dinero. El 9.3% no es sorpresa. En febrero de 2024, el Gobierno salió al mercado con una emisión de $3,100 millones a tasas de 7.50%, 8.00% y 7.875%, por lo que era previsible que el pronunciamiento de Fitch (marzo) elevaría el perfil de riesgo país y el costo del financiamiento internacional.
Crisis del Programa de IVM, primer gran reto
La solución a la crisis de la CSS y del Programa del IVM es la primera gran prueba de la capacidad del Gobierno Mulino para enfrentar un problema por demás complicado, en un entorno de deteriorada gobernabilidad.
Dada la dependencia del Estado del endeudamiento ante la dificultad para generar ahorros, las fórmulas que sugieren una mayor intervención del Estado para apuntalar las finanzas del Programa de IVM probablemente plantearían un mayor nivel de endeudamiento en condiciones bastante más desfavorables que hace cinco años.
El Presidente Mulino ha enfatizado la necesidad de sustentar económicamente las propuestas presentadas, ya que no se trata de un debate ideológico o político, sino de una realidad matemática.
En este contexto, la crisis del IVM y la CSS representan el primer gran reto de la capacidad del Gobierno para enfrentar un grave problema y mantener un país en paz.
El Presidente espera tener la propuesta que el Ejecutivo llevará a la Asamblea antes del 31 de octubre, para luego ser discutida en Sesiones Extraordinarias entre noviembre y diciembre.
Pero más allá de un período de tiempo para presentar propuestas, el Presidente ha definido un lenguaje, el lenguaje de los números, específicamente la sustentación económica que demuestre la sostenibilidad financiera de cada alternativa.
El manejo de este proceso será crítico. Es crucial que sea un proceso incluyente, respetuoso, aterrizado y sustentado en cifras, sin sesgos ideológicos o políticos, ya que nos enfrentamos a “realidades matemáticas”.
No hay tiempo para “buscar culpables”. Llegó la hora de las propuestas realistas, con una clara sustentación de su financiamiento.
Es muy probable que no logremos 100% de consenso, pero hay que tomar decisiones. No hacer nada no es una opción.