La demolición del monumento dedicado a la presencia china en Panamá, ubicado en el mirador occidental del Puente de las Américas, no puede considerarse un acto administrativo ordinario, si se atiende únicamente a los hechos verificables. La operación se ejecutó de madrugada, en fechas festivas, con retroexcavadoras, policías municipales encapuchados y vestidos de negro. Al perímetro arribó a alta velocidad un vehículo 4×4 dorado, sin matrícula, que recibió las atenciones de quien ejercía funciones de jefatura.
Fue una intervención relámpago, controlada y eficaz, lo que indica planificación previa y coordinación logística poco común, con una cantidad inusual de camiones volquetes.
El uso de encapuchados es un dato central. En tareas municipales regulares, la identificación del personal es la norma. La ocultación del rostro no es un procedimiento habitual en actos administrativos locales. Hasta ahora, no se ha informado de investigaciones destinadas a identificar a los ejecutores materiales ni a los operadores de la maquinaria pesada utilizada en la demolición.
El monumento tenía un alto contenido simbólico y jurídico. Conmemoraba la presencia china (171 años), incluía pagodas y una placa oficial, y estaba amparado por el reconocimiento estatal a la etnia china establecido por ley en 2004. En un país con más de 300 mil personas de origen chino, la destrucción de este símbolo trasciende el ámbito local y adquiere relevancia institucional.
El monumento se encontraba en un área de alta visibilidad nacional, junto a una infraestructura estratégica. Arraiján es un municipio vecino de la capital, cuyo nombre proviene de una denominación indígena en honor a un cacique. Cualquier actuación en ese punto exige coordinación interinstitucional. El mantenimiento del Puente de las Américas corresponde al Ministerio de Obras Públicas (MOP), entidad que se ha desligado públicamente de la acción.
El presidente José Raúl Mulino había afirmado que la responsabilidad de una demolición recaía en la Alcaldía de Arraiján y no en el Gobierno Central. Ante el hecho consumado, lo calificó como una barbaridad, anunció la construcción de un nuevo monumento y habló de investigar a la alcaldesa. No se ha explicado qué información nueva motivó ese cambio de posición, ni si existieron órdenes o autorizaciones previas desde el Ejecutivo.
A estas inconsistencias se suma una contradicción institucional. La Cancillería propuso construir un nuevo monumento en otro lugar, mientras el presidente sostuvo que debía levantarse en el mismo sitio. No se ha aclarado cuál es la posición oficial, ni qué instancia tiene la última palabra en una decisión con implicaciones culturales, históricas, identitarias y diplomáticas.
La Alcaldía de Arraiján es una entidad de escala limitada. No se ha informado cómo dispuso de retroexcavadoras, logística nocturna y control del área para ejecutar una operación de esta magnitud, ni si contó con apoyo de otras entidades del Estado. Tampoco se ha precisado qué respaldo político o administrativo tuvo la alcaldesa dentro del Gabinete para proceder con la demolición.
El vacío principal es la ausencia de una investigación integral. No se ha anunciado una indagación del Ministerio Público que reconstruya la cadena de mando, identifique a los encapuchados, determine quién autorizó el uso de maquinaria pesada y establezca bajo qué instrumento legal se ejecutó la demolición. Tampoco se ha aclarado si el presidente dio o no el visto bueno a la operación, o si la decisión fue tomada por funcionarios del Ejecutivo sin su conocimiento.
¿La investigación llegará hasta la Casa Blanca? El 7 de agosto pasado, The Washington Post informó que la demolición habría sido decidida bajo presiones del entonces presidente Donald Trump. Una madeja de funcionarios panameños ejecutó la orden, pero hasta ahora nadie ha explicado quién la dio.
El autor es periodista, filólogo y docente.
