La abrupta demolición del monumento a la presencia china en Panamá, situado en el Mirador del Puente de las Américas y ejecutada bajo el amparo de la noche el pasado 27 de diciembre de 2025, no es un simple incidente de ornato municipal. Es, en realidad, un síntoma de las profundas placas tectónicas que sacuden nuestra política exterior y un desafío directo a nuestra identidad nacional.
Panamá es, por definición, un crisol. La etnia china no es un invitado reciente; es un pilar fundamental sobre el cual se construyó la modernidad del istmo. Desde la llegada de los primeros trabajadores para el ferrocarril en 1854 hasta su papel en la construcción del Canal, su legado está entretejido en nuestra esencia. El monumento inaugurado en 2004 no solo celebraba 150 años de historia; era una “marca territorial” que validaba ese aporte ante los ojos del mundo, en un punto estratégico de la vía interoceánica, situado en el espacio ribereño de una infraestructura crítica como lo es el Canal.
La destrucción de este símbolo ocurre en un 2025 marcado por una tensión sin precedentes. Mientras Washington intensifica sus advertencias sobre la “maligna influencia” china en América Latina y el Caribe, Panamá se encuentra en el ojo de la tormenta bajo este enfoque. Por derivación, para el país, la seguridad nacional no se defiende únicamente con patrullajes o ejercicios conjuntos, sino con la firmeza de no permitir que los símbolos culturales se conviertan en fichas de canje geopolítico.
Este acto —calificado por voces como la del excanciller Jorge Eduardo Ritter como “bochornoso”— no puede leerse al margen de la retórica actual. Cualquier intervención sobre símbolos extranjeros en la zona interoceánica, bajo la vigilancia de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y de los estamentos de seguridad del Estado, adquiere una carga de política exterior explosiva que trasciende lo local. Así lo deben entender todas las autoridades en su entorno parroquial que, como en este caso, rebasan el alcance de sus decisiones bajo criterios meramente técnicos o de seguridad ciudadana. Con una alta probabilidad de repetición, hechos similares podrían ocurrir si la institucionalidad del Estado no implementa mecanismos para evitarlos, dada su potencial incidencia en la política exterior. En Panamá, algunos funcionarios electos muestran una preocupante proclividad a desconocer límites a su conducta, poniendo en riesgo el interés nacional en nuestras relaciones internacionales, como lo evidencian episodios recientes.
La política exterior panameña enfrenta el reto de mantener una neutralidad funcional, pragmática y activa. Sin embargo, ceder a presiones para borrar símbolos vulnera nuestra autonomía y soberanía. El operativo de demolición, ejecutado de forma inconsulta y tácticamente perverso, provocó una intervención directa del presidente José Raúl Mulino, quien ordenó la reconstrucción inmediata en el mismo sitio para reparar el daño infligido a la convivencia istmeña. Enhorabuena, señor presidente: control de daños y loable esfuerzo de mitigación de efectos. La decisión constituye una oportunidad para reafirmar autoridad y autonomía ante la ciudadanía, los afectados, los actores externos y los propios subordinados del Estado. No obstante, la materialización del hecho, como tal, no puede borrarse de la psiquis colectiva nacional.
El Mirador del Puente de las Américas debe seguir siendo un espacio donde convergen nuestras raíces. Defender este monumento no es tomar partido, sino un acto de respeto a nuestra historia como nación. Si permitimos que una geopolítica de “marca territorial” dicte qué parte de nuestra identidad es conveniente conservar, habremos perdido la verdadera soberanía que tanto nos costó recuperar.
El autor es analista de relaciones internacionales.
