Las constantes quejas sobre el sistema eléctrico en Panamá, sumadas al próximo proceso de licitación de los contratos de distribución en 2028, invitan a una seria reflexión sobre el funcionamiento y la estructura del sistema. Dada la sensibilidad económica y lo complejo del tema, resulta imprescindible que el debate se sustente en rigurosos estudios técnicos y estadísticas confiables.
En relación con la propuesta de separar los servicios de distribución y comercialización para que los gestionen empresas distintas, es cierto que puede fomentar la competencia entre comercializadoras independientes y, en teoría, aumentar la eficiencia en la cadena. Sin embargo, es importante advertir que en la mayoría de los países donde se ha puesto en práctica esta estructura, las tarifas han tendido a aumentar. La lógica detrás de este fenómeno es clara: al incorporar un nuevo eslabón en la cadena, se añade un margen de ganancia adicional, lo que inevitablemente se refleja en el costo final que asumen los usuarios.
Debemos considerar también el concepto de potencia firme. Este principio exige que el sistema mantenga operativas las centrales termoeléctricas —de gas, búnker o carbón— para cubrir el exceso de demanda que ocurre cuando las fuentes eólicas o fotovoltaicas reducen su aporte, ya sea durante la noche o ante cambios atmosféricos inesperados, como baja de viento o nubosidad excesiva. Aunque estas centrales permanecen apagadas la mayor parte del tiempo, deben estar listas para funcionar de inmediato si la red lo requiere. Por ello, los costos de mantenimiento y personal de estas plantas se incluyen en la tarifa que pagamos. A medida que aumenta la presencia de fuentes renovables, crece también la necesidad de esta capacidad de respaldo. Ello termina elevando el costo del servicio.
Se debe valorar que la energía eólica y la solar no son fuentes síncronas. Al no usar grandes turbinas conectadas directamente a la red, estas tecnologías no aportan inercia energética al sistema. Sin esa inercia mecánica, el sistema pierde capacidad para corregir de inmediato las variaciones en el consumo. Esto complica el manejo eficiente en el centro de despacho nacional frente a grandes fluctuaciones y aumenta el riesgo de desequilibrios de frecuencia y apagones.
Las fuentes renovables también presentan la particularidad de que, en ciertos momentos, generan más energía de la que se consume. Si existe demanda externa, podemos exportar ese excedente, pero si no contamos con sistemas adecuados de baterías, el resto de la energía simplemente se desperdicia. En la actualidad, se han licitado nuevos sistemas de baterías. Sin embargo, estos resultan menos eficientes para gestionar la energía renovable, ya que sufren un alto nivel de estrés ante aumentos o disminuciones súbitas en la generación, reduciendo así su rendimiento y durabilidad.
Sin duda, debemos seguir impulsando el desarrollo de las energías renovables. No obstante, lo más sensato sería mantener una matriz energética balanceada que combine diversas fuentes de generación. Durante la temporada de lluvias, casi dos terceras partes de la matriz energética provienen de la hidroelectricidad. En la época seca, esta proporción se invierte y las termoeléctricas pasan a ocupar ese mismo peso. En ambas estaciones, la solar y la eólica contribuyen con cerca de una quinta parte de la generación total.
Veamos el ejemplo de Alemania, un país que ha alcanzado un altísimo grado de generación renovable en su matriz energética. Sin embargo, hoy figura entre los países con los costos y tarifas eléctricas más elevados del mundo. Esta situación ha elevado los costos de producción y afectado la competitividad de sus productos. Un problema serio para una economía históricamente impulsada por su sector industrial. Un caso más cercano es Uruguay, donde más del 90% de la energía proviene de fuentes renovables. Allí, tanto el costo de producción como las tarifas al consumidor figuran entre las más altas de la región.
Aunque todavía hay margen de mejora en el servicio, nuestro sistema eléctrico no se encuentra entre los más costosos ni presenta las tarifas más altas del continente. Para avanzar, es primordial fortalecer la legislación que regula el sector, dotando a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) de un régimen más robusto de fiscalización y sanciones, incluyendo la capacidad coactiva para exigir que las empresas paguen multas en un solo desembolso.
También resulta clave exigir a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) que cumpla con su obligación de mejorar la infraestructura de la red y establezca un circuito redundante más sólido, sobre todo con la tan postergada construcción de la cuarta línea de transmisión.
Debemos aspirar a una mayor eficiencia en el sistema, pero desde una perspectiva pragmática y sin idealismos. Este sector es prioridad nacional, ya que afecta no solo el costo de vida y el gasto familiar o personal, sino también la competitividad de industrias clave como la agroindustria, el comercio y el turismo.
El autor es abogado.
