Hablar de testaferros no debería limitarse a la persona que presta su nombre para ocultar al verdadero beneficiario de una operación financiera o patrimonial. También debemos preguntarnos qué ocurre cuando las instituciones, estructuras políticas o mecanismos legales terminan sirviendo para canalizar recursos públicos sin una responsabilidad proporcional por los resultados de quienes ejercen el poder.
En Panamá, los partidos políticos reciben financiamiento público vinculado a los resultados electorales. El voto se convierte así en uno de los criterios para determinar la asignación de recursos provenientes del Estado.
El problema jurídico y político aparece cuando esa asignación no está acompañada por mecanismos suficientemente contundentes que vinculen el acceso a recursos públicos con la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad por la gestión de quienes llegan al poder bajo una determinada estructura partidaria.
¿Puede una organización política seguir recibiendo recursos públicos sin que existan consecuencias administrativas proporcionales cuando sus dirigentes, representantes o funcionarios incurren en hechos de corrupción comprobados?
¿Dónde está el principio de responsabilidad en el manejo del dinero de todos los panameños?
¿Dónde queda la función fiscalizadora del Estado?
Y, particularmente, ¿qué papel debe desempeñar la Contraloría General de la República para garantizar que los recursos públicos no se conviertan en instrumentos de perpetuación política?
Aquí es donde surge una pregunta incómoda:
¿Quién fiscaliza a quienes fiscalizan?
El financiamiento público de la política no puede interpretarse como un derecho absoluto desvinculado de la obligación constitucional de administrar los recursos públicos con transparencia, eficiencia, responsabilidad y sometimiento al ordenamiento jurídico.
La democracia no puede reducirse a depositar un voto cada cinco años y permitir que, después de la elección, los recursos públicos continúen fluyendo hacia estructuras políticas sin un verdadero sistema de consecuencias frente a la corrupción comprobada.
El voto legitima la representación; no legitima la corrupción.
El financiamiento público debe financiar la democracia, no convertirse en el mecanismo que mantenga cautiva a la ciudadanía.
Por eso, más que preguntar cuánto dinero corresponde a cada partido por la cantidad de votos obtenidos, Panamá debería preguntarse:
¿Qué condiciones de transparencia, fiscalización, responsabilidad y sanción deben cumplirse para que una organización política pueda seguir administrando o recibiendo recursos provenientes de todos los ciudadanos?
Porque cuando el sistema permite que el dinero público continúe circulando independientemente de las consecuencias derivadas del ejercicio del poder, el verdadero problema no es solamente quién recibe el dinero, sino quién diseñó un sistema que permite recibirlo sin una responsabilidad equivalente.
Y ahí comienza la discusión que nadie debería evitar: ¿Quiénes son realmente los testaferros del sistema?
El autor es abogado.
