Este artículo se inspira en la famosa película de los años sesenta titulada El bueno, el malo y el feo, en la que los guionistas conciben la trama de tres pistoleros que compiten por encontrar un alijo de oro durante la guerra de secesión de Estados Unidos. Todos eran capaces de lo mejor y de lo peor, pero siempre se imponían sus valores éticos. En el caso que me ocupa, la trama se desarrolla en la Asamblea Nacional de Panamá, donde intentaré identificar a los buenos, los malos… y los feos.
Para ubicar a los buenos y a los malos diputados, el marco de referencia lógico es el de la ética política y parlamentaria, esta última recogida en el Código de Ética y Honor Parlamentario, aprobado mediante la Ley 33 del 27 de octubre de 2005. La ética política se refiere a la práctica de valores orientados a satisfacer el bien común, mientras que la ética parlamentaria establece las normas a las que deben ceñirse los diputados para que su gestión responda a ese fin.
El mismo código (artículo 3) compromete a los diputados a “adecuar su conducta pública y el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo a lo dispuesto en la Constitución Política…”. Sus funciones principales son elaborar, modificar o derogar leyes, y procesar las denuncias contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La gestión de los diputados debe enfocarse en la solución de los problemas nacionales mediante leyes que viabilicen su resolución. Y el problema transversal a todos los demás es la corrupción. De acuerdo con una encuesta realizada antes de las elecciones de 2024 por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá (CIEPS), la corrupción apareció —por tercera encuesta consecutiva— como el problema más reconocido por los panameños (22.3%).
Esa creciente preocupación impone a los diputados el deber ético de atacar la corrupción corrigiendo deficiencias en leyes que hoy sirven a los políticos corruptos y a sus aliados para escapar de la justicia. Es con este objetivo que tanto el procurador general de la Nación (PGN) como un grupo de buenos políticos han unido coyunturalmente esfuerzos para mejorar la capacidad del Estado en la persecución de la corrupción.
Con ese propósito, el procurador Luis Carlos Gómez ha presentado dos bien estructurados proyectos de ley, que considera necesarios “para cerrar la brecha que permite a la corrupción evolucionar” hasta convertirse en una grave amenaza para el interés común.
Entre las propuestas figuran penas de 4 a 6 años de prisión para funcionarios que cobren sin trabajar (“botellas”); aumentar la sanción por enriquecimiento injustificado (de 3-6 años) a pena de 4-8 años de cárcel; y endurecer las penas por actos de corrupción, además de otras herramientas contenidas en el proyecto de Ley General Anticorrupción.
Pero esas propuestas, al igual que otras presentadas por diputados de las bancadas de Vamos (19) y Seguimos (4), han sido bloqueadas por una mayoría de cinco diputados en la Comisión de Gobierno. Resulta decepcionante que esos miembros de lo que la jerga popular ha bautizado como la “bancada del mal” hayan recibido el espaldarazo del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien afirmó el 29 de octubre que “en este país la corrupción no necesita más leyes”.
Es lamentable que el presidente no comparta la tesis del procurador —a quien él mismo nombró poco después de iniciar su gestión—, quien defendió sus proyectos afirmando que “la realidad de Panamá es la ausencia de herramientas que permitan superar obstáculos en las realidades investigativas”.
En un escenario tan adverso, la “bancada del bien”, integrada por diputados de Vamos, el Movimiento Otro Camino y algunos de partidos tradicionales, va a necesitar un sostenido apoyo de la sociedad civil para avanzar su agenda anticorrupción.
Ya he identificado a los buenos y los malos diputados. ¿Cuáles merecen el calificativo de feos? Desde mi perspectiva, estos son los cínicos y arrogantes que no disimulan su alineamiento con las fuerzas del mal.
¿Qué apoyo podría dar la sociedad civil a esos buenos diputados? El administrador público, politólogo y experto en políticas públicas Ricardo Herrera considera que los diputados “deberán incorporar a la sociedad civil organizada, a las universidades y a la ciudadanía consciente como aliados estratégicos en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas anticorrupción”.
Herrera advierte que, en la gestión pública moderna, la lucha contra la corrupción no puede centrarse únicamente en las normas penales. Reconoció como positivas las iniciativas del PGN y de las bancadas Vamos y Seguimos, pues “Panamá necesita avanzar hacia un marco legal más moderno que fortalezca la integridad pública, la rendición de cuentas y la transparencia”.
Como ciudadano consciente de la gravedad de la corrupción que se nutre de los fondos públicos, confío en que la bancada del bien se fortalezca aún más en el próximo período legislativo y sume en su estrategia a la sociedad civil organizada y a la comunidad académica.
¡Que así sea!
El autor es periodista.
